Un grupo de instituciones empresariales y de la sociedad civil anunciaron la creación de una entidad denominada “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, que se propone incidir en la aprobación de una Ley de Partidos y una Ley de Garantías Electorales, así como propiciar que se ejerza fiscalización sobre el patrimonio, ingresos, gastos y uso de los fondos públicos.

Esa iniciativa parece motorizada por un elevado sentido cívico, asumido por un liderazgo fáctico y comunitario que procura de una mayor consolidación institucional, aunque aflora el temor de que, como en otras ocasiones, se extravíe el bondadoso propósito y se convierta en un intento por suplantar las calidades constitucionales de los órganos e instituciones del Estado.

Es obvio que esa entidad no tendría un rol de arbitraje, sino de presión fáctica y mediática sobre los entes públicos a cargo de legislar por lo que se crearía un canal alterno de discusión en torno a leyes esenciales que no estaría sustentado en el debate público, sino en una visión sesgada sobre los criterios de transparencia o representatividad.

Al Congreso de la República le corresponde ponderar y sancionar los proyectos de ley presentados a su consideración por legisladores o las instituciones públicas con autoridad para proponer estatutos legislativos. Todos los demás sectores o personas físicas retroalimentan esas iniciativas desde sus respectivas poltronas, sin más presión que la razón de sus argumentos.

En mayo 15, la población ejerció su derecho al voto, del cual ha resultado la correlación de fuerzas que tendría el nuevo Congreso y el Consejo Nacional de la Magistratura, a cargo de escoger los jueces de las altas cortes. Ninguna otra entidad corporativa, social, política, religiosa o mediática puede ni debe suplantar la voluntad expresada en las urnas.

Es claro que un solo partido no puede imponer sus designios basado en el control absoluto de un órgano de Poder, pero tampoco se debe tallar un perfil de democracia a imagen y semejanza de grupos influyentes de la sociedad, por lo que se requiere que todos los resortes institucionales sean puestos al servicio del consenso, no de la suplantación ni de la imposición.

El espacio democrático se construye y se consolida con la participación de todos los sectores de la sociedad bajo la sombrilla de una representación legítima signada por la propia Constitución, sin oráculos improvisados en poltronas corporativas o al amparo de intereses supranacionales.

La democracia dominicana ha madurado lo suficiente como para que todos los buenos hijos de esta nación discutan y ponderen su propio futuro, sin menoscabo de la voluntad colectiva expresada en las urnas.