Haití amanece hoy en condición de tierra de nadie, sin presidente ni gobierno, con sus calles infectadas por la anarquía, aunque el presidente Michel Martelly, quien cesa este domingo en el cargo, acordó con los jefes de la Cámara de Diputados escoger su sucesor en los próximos días.
Martelly concluye hoy su mandato constitucional, sin que se haya elegido un sucesor, porque no ha sido posible convocar a una segunda vuelta electoral a causa del caos que provocó la primera convocatoria, definida por la oposición política como fraudulenta.
Para evitar el vacío institucional, la Organización de Estados Americanos (OEA) gestionó un arreglo político que permita que la Presidencia sea asumida temporalmente por el titular de la Asamblea Nacional, Jocelerme Privert o el de la Suprema Corte, Juan Cantave, o por un representante de la sociedad civil.
Grupos paramilitares, encabezados por Guy Philippe, involucrados en el golpe de Estado de 2004 contra Jean Bertrand Aristide y requerido por Estados Unidos por tráfico de drogas, han tomado virtual control sobre Puerto Príncipe.
No se ofrece ninguna seguridad de que las topas de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) puedan garantizar control o imponer orden ante las tropelías que se atribuyen a los exmilitares al mando de Philippe.
Ante un escenario de grave crisis política e institucional en Haití, lo razonable debe ser que el Gobierno dominicano disponga de un mayor patrullaje militar a lo largo de los más de 380 kilómetros de frontera terrestre para impedir que el conflicto haitiano sea causa de una explosión migratoria.
El liderazgo del Caricon, tan solícito para verter infundios contra República Dominicana, debería usar toda su influencia ante la clase política y el empresariado haitiano para gestionar junto a la OEA que se cumpla el acuerdo de designar un nuevo presidente en los próximos días.
Los fervientes deseos van dirigidos a que Haití supere tan difícil momento, que se fije fecha cierta para convocar a elecciones y elegir un presidente constitucional y legítimo, pero debe siempre advertirse que esa crisis no puede de ninguna manera cruzar la frontera.