La deportación de haitianos desde la República Dominicana es un tema complejo que genera intensos debates.

Desde el punto de vista de la ilegalidad el país tiene el derecho y la obligación de regular la entrada y permanencia de extranjeros en su territorio.

La soberanía nacional implica la capacidad del Estado para hacer cumplir sus leyes migratorias y asegurar que quienes residen en su territorio lo hagan de manera legal. En este contexto, la deportación de haitianos sin documentación legal es una medida que busca garantizar el orden y la seguridad, así como la protección de los recursos nacionales.

Como las autoridades dominicanas sostienen, es necesario aplicar la ley de manera rigurosa para evitar el descontrol migratorio y preservar el bienestar social y económico de la nación.

Cierto que es crucial que estos procesos se lleven a cabo respetando los derechos humanos y asegurando un trato digno a los deportados, pero de ahí a catalogar las deportaciones de racistas, discriminatorias e inhumanas es una aseveración desproporcionada que tiene como único objetivo desacreditar al país ante el mundo.

Diversos grupos de derechos humanos han señalado la importancia de evitar prácticas discriminatorias o inhumanas durante las deportaciones, con lo que el Estado dominicano siempre ha estado conteste. Sin embargo, esos organismos y agrupaciones se han hecho de la vista gorda frente a los abusos que históricamente han cometido las autoridades haitianas contra sus propios ciudadanos.

Ningún ciudadano al que se le garanticen derechos tan elementales como alimentación, salud y educación tendría como opción marcharse de su país.

Las autoridades haitianas ni el derecho a la identidad han garantizado a sus compatriotas, por lo que harían muy bien en ver la paja en su ojo y no inventar vigas en el vecino que, por años, le ha servido de válvula de escape a sus fallidos gobiernos.