Aún se desconoce el resultado de una auditoría procesal que realizó el ministerio de Interior y Policía, sobre centenares de irregularidades detectadas en la concesión de la nacionalidad a haitianos ilegales, en el pasado gobierno y que, incluyen dos docenas de pasaportes que poseen otros extranjeros, en diversas partes del mundo, un tema que tiene que ver con la seguridad nacional.

Las indagatorias estaban a cargo del vice ministro, Juan Manuel Rosario, un funcionario con una rectitud indoblegable, que nunca permitiría la comisión de actos reñidos por la ley, a los fines de otorgarle la nacionalidad a millones de haitianos, respaldados por potencias extranjeras para regularizar su status migratorio, pese a que no poseen ningún documento de identificación personal, dado que Haití no tiene registro civil.

Una de las anomalías detectadas, muy grave, es la naturalización de 6, 000 niños, cuyos padres no tienen esa categoría, pues solamente en el país hay cerca de siete mil haitianos con residencia legal, quedando los demás que viven en país, con estancia de tránsito, cuya deportación masiva es esperada con ansiedad por la población dominicana para respirar aire dé tranquilidad.

Nadie se explica cómo el Tribunal Contencioso Administrativo, no ha fallado un recurso para anular el decreto 262-20, expedido por el presidente Danilo Medina, pocos días antes de abandonar el poder, concediéndole la nacionalidad, a 750 haitianos, violando varias disposiciones legales, tanto en el ámbito de leyes adjetivas como constitucionales, que pueden observarse en el expediente, pues ni siquiera tienen la documentación requerida por la ley para naturalizar a los extranjeros.

La acción judicial, incoada por el destacado abogado, Juan Manuel Castillo Pantaleón y quien suscribe esta opinión, resalta que por mandato expreso de los artículos 18.7 y 19 de la Constitución de la República, el decreto de marras está supeditado a las exigencias de la Carta Magna, conforme a las condiciones y formalidades en materia de Migración.
En estamentos del actual gobierno, se observa una práctica consuetudinaria y permisiva de permitir el crecimiento de la inmigración ilegal, acompañada de una penosa penetración cultural.