Quien escribe admite y confiesa ser un neófito del derecho constitucional o lo que es mismo, me declaro un analfabeto funcional sobre la materia, pero no pierdo el sentido de la racionalidad cuando debemos disentir de los criterios jurídicos y legales del Tribunal Constitucional para ordenar la concesión de la nacionalidad a 32 haitianos ilegales, apartándose de su línea jurisprudencial desde los inicios de esa alta corte, cuando emitió un veredicto, donde señala claramente el modo de adquirir la estatus legal para ser dominicano.

En efecto, la sentencia 168/03, resalta quién es dominicano, de conformidad con la Constitución de la República y las leyes adjetivas, fallo que causó revuelo a nivel nacional e internacional, recibiendo los aplausos de los habitantes de la parte oriental de la isla y resquemores en un reducido grupo prohaitianos, y en países inclinados a soluciones a la crisis de la vecina nación en el territorio que ocupamos.

Las presiones foráneas obligaron al entonces presidente Danilo Medina a elaborar un proyecto, convertido en ley, al ser aprobado por ambas cámaras, engendrando la norma 169-14, a todas luces contraria a la Carta Magna y un desacato a la sentencia del TC, toda vez que las decisiones de este tribunal son vinculantes a todos los órganos del Estado.

Así las cosas, se fueron tejiendo varios planes para desconocer todo el contenido de la pieza judicial que establece, sin equívocos, que los extranjeros ilegales y sus descendientes, no tienen derecho a la nacionalidad por el ius solís o derecho de suelo, como pretenden millones de haitianos que están por doquier sin documentación legal, surgiendo subrepticiamente mecanismos para otorgar la nacionalidad, transgrediendo el andamiaje legal en que descansan los cimientos de la República.

En el gobierno del PLD, presidido por Medina, irrespetando los procedimientos preceptuados por las leyes, se concedió mediante decreto la nacionalidad a alrededor de 80 haitianos ilegales, incluyendo niños, que no reúnen las formalidades de ley, por adquirir tal condición, pero el mismo fue engavetado responsablemente por el viceministro, licenciado Juan Manuel Rosario, por ser violatorio a la Ley Sustantiva y a reglas adjetivas.

Actuando con sobrada responsabilidad, el referido funcionario, por lo que no procedió a la naturalización de los extranjeros que buscan de todas formas documentos que los acrediten como dominicanos, mientras siguen llegando haitianos ilegales, y de manera concomitante, disminuyendo el poder del control migratorio por parte del Estado, lacerando la soberanía nacional. Ha quedado establecido que la nacionalidad se adquiere por el ius sanguis. Más claro de ahí, ni el agua.