La visita este domingo de Barack Obama a Cuba, la primera de un presidente de Estados Unidos en más de 88 años, se consigna como un suceso histórico que marca el inicio en firme de una nueva era en las relaciones de Washington y La Habana y de un significativo giro hacia la apertura política de la Revolución cubana.

El presidente Obama y su homólogo Raúl Castro han acogido aquel clamor del papa Juan Pablo II, de que “Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba”, una trascendente decisión política que ayuda también a oxigenar un escenario ideal de convivencia en América Latina.

Durante tres días, Obama sostendrá conversaciones con la dirigencia cubana sobre aspectos relevantes todavía pendientes de consenso en la agenda cubano-estadounidense, sobre los cuales se percibe voluntad política en ambos bandos por alcanzar acuerdos.

El pueblo cubano, que ha sufrido los rigores de un bloqueo comercial por parte de Estados Unidos, que ya lleva 56 años, de un extendido periodo especial de limitaciones en el ejercicio de derechos políticos y calamidades económicas, recibe la visita de Obama con legítima alegría y denodada esperanza.
El camino transitado por China y Vietnam indican que la herida abierta por más de medio siglo entre la Casa Blanca y la Revolución cubana puede cerrarse a partir de una firme voluntad del liderazgo de ambas, que sin dudas se expresa con la histórica presencia del presidente Obama en La Habana.

Mansos y cimarrones

Si de verdad se aspira a que más temprano que tarde, en República Dominicana se consolide un régimen de derecho y justicia, Estado, Gobierno, clase política, empresariado y sociedad civil deberían garantizar que jueces y fiscales cumplan con su roles sin tropiezos.

La Constitución asigna al Ministerio Publico la facultad de perseguir la comisión de crímenes y delitos, reunir el fardo probatorio y presentar una acusación ante un tribunal o corte, que a su vez desclasifica tales evidencias y procede con el castigo de ley o la absolución por comprobada inocencia.
Lo sensato sería que moros y cristianos no obstaculicen la labor del estamento judicial, aun en los casos que del altar se derriben algunos santos.