Siendo estudiante universitario, aprendí que una crisis económica provoca crisis social y que ésta a su vez crea crisis política, pero la experiencia mundial y continental, en las últimas décadas, enseñan también lo inverso.

Es el caso reciente de la Centroamericana República de Honduras, donde el presidente constitucional, Manuel Zelaya, fue militarmente destituido.

Este acontecimiento ha creado una crisis política, la cual empieza a repercutir negativamente en lo económico y, de prolongarse, afectaría socialmente.

Lo lamentable del caso es que el pueblo hondureño termina sufriendo la terrible crisis económica, como consecuencia de las sanciones aprobadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la suspensión en el suministro del petróleo decidida por el Gobierno de Venezuela.

A menos que se procure un fraude electoral, no veo fundamento a un golpe de Estado en un país que tiene programadas elecciones generales en el mes de noviembre y en las cuales Manuel Zelaya no puede participar, porque la Constitución de la República de Honduras país se lo impide.

Ese golpe de Estado constituye un precedente funesto, repudiado por el pueblo hondureño y por la comunidad internacional.

Los países de la región han asumido su rol, pero en el hipotético caso de que los trámites legales y pacíficos no hagan enmendar el yerro cometido, devolviendo el orden institucional en Honduras, procede la intervención de una Fuerza Interamericana de Paz.

Esa fuerza se usó en décadas atrás, incluyendo a nuestro país en 1965. Sirvió en más de una ocasión para derrocar gobiernos democráticos e imponer regímenes derechistas.

Ahora debería utilizarse para restablecer el orden institucional.

Honduras lo merece.