En el país se mantiene el dispendio en el uso de los recursos del Estado, debido a la carencia de un régimen de consecuencias por el manejo de los mismos, por parte de funcionarios electos y designados, afirmó la presidenta de la Cámara de Cuentas, que de paso reiteró su planteamiento de que con los recursos que se “pierden” por esa vía se podría construir otra República Dominicana.
La doctora Licelot Marte de Barrios propuso como una de las medidas para enfrentar esa situación modificar la ley que rige la Cámara de Cuentas para obligar a los funcionarios públicos a hacer sus declaraciones juradas de bienes previo a tomar posesión de sus cargos además de que las auditorías a las instituciones estatales se realicen cada año.
Marte de Barrios dijo que la ley vigente que rige el organismo, “no debió decir declaración jurada patrimonial cuando se estuviera en el cargo, sino antes, como una manera indispensable para tomar posesión”.
Observó que cuando se hace referencia a la declaración jurada patrimonial se piensa en los altos cargos, pero en el país existen cinco mil 624 cargos públicos cuyos ocupantes deben hacer esa declaración antes, y después de abandonar los puestos en los que manejaron recursos públicos.
La presidenta de la Cámara de Cuentas hizo los planteamientos durante su participación, junto al pleno de miembros del organismo en el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio.
Los demás integrantes del organismo participantes en la actividad fueron los licenciados Pablo del Rosario y Juan José Heredia, miembros y el doctor Pedro Ortiz, secretario, junto al director de comunicaciones, Roberto Brito.
Institucionalidad
La presidenta de la Cámara de Cuentas afirmó que la falta de institucionalidad es uno de los principales causantes del mal uso de los fondos públicos y recordó que en una reciente conversación con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rafael Blanco Canto, le comentó que esa institucionalidad necesaria, “no puede crearse por decreto, debe ser el resultado de un proceso que involucre a toda la sociedad”.
Opinó que se han dado algunos pasos iniciales en el proceso de lograr ese mayor nivel de institucionalidad, como ha sido la modernización de la Cámara de Cuentas, el aumento de los salarios a los especialistas que realizan las auditorías y la contratación y entrenamiento de nuevos jóvenes auditores en auditorías en organismos gubernamentales.
Esto último, debido a que existe una gran diferencia entre la realización de una auditoría en un ente público en comparación a uno privado.
UN APUNTE
Declaración jurada de bienes
De los cinco mil 624 funcionarios públicos que deben hacer sus declaraciones juradas de bienes, al 19 de julio pasado sólo la habían hecho mil 267 de las que 486 fueron realizadas en el plazo legal establecido por la ley 311-14 y 781 fueron realizadas en forma tardía. Esto da como resultado que más de dos mil funcionarios públicos, incluyendo 450 jueces y 80 encargados de compras, aún no han realizado la referida declaración, amparados en que no existen mecanismos de sanción contra ellos
