La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declara inhábil la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la ley que instituye el Plan Nacional de Regularización Migratoria, ha sido un áspero desenlace de la cruenta campaña internacional que procura obligar a República Dominicana a cargar con el pesado fardo de la inmigración irregular haitiana.

Se trata de un fallo humillante e ilegítimo, cuyo contenido atropella el principio de soberanía del Estado dominicano y pretende desconocer su Constitución política, a los poderes públicos y al orden jurídico interno.

La CIDH exige que los poderes públicos vinculantes dejen sin efecto leyes sustantivas, adjetivas o reglamentaciones administrativas que tengan por efecto que la estancia irregular de padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana.

A partir de ese absurdo fallo de la CIDH, el Estado dominicano no tendría ninguna autoridad para producir un ordenamiento migratorio conforme a su propia Constitución, que virtualmente queda desmantelada y sin protección cautelar por parte del Tribunal Constitucional.

Dicho de otra manera, todos los hijos de haitianos indocumentados, aun no residentes que nacieren en territorio nacional tendrían derecho automático a la nacionalidad dominicana, en virtud de la Corte Interamericana, la autoridad supranacional para abolir de la Constitución la figura del jus solis.

A pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional dispone la regularización de indocumentados, la CIDH exige su inhabilitación por considerar que viola el derecho a la personalidad jurídica, la nacionalidad, a la identidad, además de tener efectos discriminatorios, porque lo único es degradar el principio y alcance de la nacionalidad.

Es esa una sentencia aberrante que colisiona con irrenunciables principios de soberanía y de absoluto respeto y vigencia de la Constitución de la República, por tanto debe ser rechazada de plano y de fondo, porque el Estado dominicano no ha incurrido en violación flagrante o generalizada de derechos humanos.

A reservas de un escrutinio mayor, en ese fallo de la Corte Interamericana, que pretende desconocer alcance y efecto de la figura constitucional del jus solis, aflora la clara intención de obligar al Estado a conceder o reconocer la nacionalidad dominicana a toda la descendencia haitiana que resulte de la migración ilegal.