El presidente Danilo Medina incurriría en un grave error si acepta el pedido del procurador general de convocar de manera urgente al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para analizar la crisis por la que dice atraviesa el sistema de justicia, porque ello significaría una indeseable intromisión en ese Poder del Estado.

Las funciones de ese órgano se limitan a designar los jueces de las altas cortes, pero no administra el Poder Judicial, labor que la Carta Magna asigna al Consejo del Poder Judicial (CPJ), que es el que ejerce control disciplinario, traslada jueces y designa empleados, además de recomendar al Pleno de la Suprema Corte nombramientos o ascensos de jueces.

La ley castiga por igual a cualquier funcionario público, contra quienes se compruebe que incurrieron en prevaricación o cualquier otra infracción criminal en el ejercicio de sus atribuciones. En el caso de los jueces, la Constitución establece que el imputado sea sometido a un juicio disciplinario a cargo del CPJ.

El Consejo del Poder Judicial carece de autoridad para intervenir el Poder Judicial o de encaminar reformas en ese ámbito, consignadas al Congreso de la República, por lo que su involucramiento en una crisis de orden moral o jurídica en el Poder Judicial sería un acto de intromisión de impredecibles consecuencias.

Las denuncias del Ministerio Público en torno a posibles acciones de prevaricación atribuidas a jueces de tribunales y cortes han sido asumidas por el Consejo del Poder Judicial que ha sometido a esos magistrados a un juicio disciplinario, como manda la ley.

Con independencia a ese proceder, el procurador general tiene facultad para formalizar acusación contra esos jueces en la jurisdicción penal, con apego siempre a las formalidades procesales, que nunca deben depender del capricho de ningún interviniente.

Tampoco se puede pretender que por el desenlace de un caso penal, en el que estuvo involucrado un imputado de notoriedad pública, se acepte la lapidación pura y simple del Poder Judicial, como sería la intervención en su fuero interno del Consejo de la Magistratura.

Los delirios individuales, por legítimos que aparenten, siempre resultan perjudiciales al interés de consolidar un régimen político-jurídico basado en el ejercicio pleno de los derechos y del sistema de consecuencias ante violación a la ley.