El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) dijo hoy que evalúa la decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas de anular 25 adjudicaciones del proceso de licitación para la compra de miles de unidades de zapatos escolares destinados a los centros educativos públicos en el período de clases que inicia el 25 de este mes.
“Se estará evaluando la resolución”, expresó la institución a través de su oficina de relaciones públicas.
31 contratos presentaron deficiencias que afectan su validez y se ordena su reevaluación por el Inabie
Se trata de un proceso de licitación que inició Inabie el 11 de septiembre de 2024, a través del cual recibió 172 ofertas y culminó con la adjudicación a 101 proveedores, de los cuales, 31 contratos presentaron deficiencias y vicios de procedimiento que afectan su validez.
Debido a las irregularidades encontradas en los 31 contratos afectados, Contrataciones Públicas ordenó la reevaluación de once ofertas y la emisión de los actos administrativos correspondientes para la readjudicación de los referidos bienes.
Asimismo, ordenó al Inabie identificar y sancionar a los funcionarios y empleados responsables.
Irregularidades
Una investigación de Contracciones Públicas concluyó en que el comité de compras y contrataciones del Inabie incurrió en actuaciones contrarias a los principios de transparencia, igualdad y libre competencia establecidos en la Ley 340-06 y sus modificaciones.
Además, que funcionarios del Inabie, que no fueron designados como peritos, realizaron evaluaciones técnicas del proceso.
La investigación habría revelado, igualmente, que hubo visitas técnicas incompletas a las empresas ofertantes, evidenciado por la falta de videos y evidencias completas, discrepancias entre lo declarado por oferentes y lo verificado por peritos, e inspecciones realizadas por personas no designadas formalmente.
Asimismo, que los “adjudicatarios presentaron pólizas que no cumplían las condiciones legales de ser irrevocables, entre otras.
Más irregularidades
Los investigadores de Contrataciones Públicas encontraron, que los “adjudicatarios presentaron pólizas que no cumplían las condiciones legales de ser irrevocables, incondicionales y renovables”. Asimismo, habrían encontrado indicios de falsedad documental y prácticas anticompetitivas, como certificados y documentos crediticios con apariencia de falsificación.
