La decisión del Tribunal Constitucional que respalda la inclusión abierta de personas homosexuales en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido celebrada como un triunfo de los derechos fundamentales.
Sin embargo, desde una mirada crítica, la sentencia evidencia una desconexión preocupante con la realidad operativa y cultural de estas instituciones.

Garantizar derechos es innegociable, pero aplicarlos sin un plan estratégico de implementación puede transformar un avance legal en un riesgo para la cohesión y la disciplina. No se trata de cuestionar la orientación sexual de nadie, sino de cuestionar la forma y el momento de introducir un cambio profundo en organismos cuya eficacia depende de jerarquía, disciplina y cohesión interna.

Las fuerzas armadas y la policía no son espacios para experimentos simbólicos; alterarlas sin preparación y capacitación pone en riesgo la moral, la operatividad y la autoridad de los mandos.

La medida se anuncia sin diagnósticos internos, sin evaluaciones de tolerancia cultural y sin protocolos claros para prevenir conflictos. Los mandos medios, columna vertebral de la disciplina diaria, quedan al margen, y con ello se siembra resistencia pasiva y tensiones internas que podrían tardar años en resolverse.

Mientras se celebra la foto política, los problemas reales permanecen. Se prioriza lo simbólico sobre lo esencial, dejando en evidencia que la política avanza más rápido que la estrategia.

La inclusión puede ser legítima, pero forzarla sin planificación transforma un derecho en un riesgo institucional. Lo que hoy se anuncia como modernización podría ser mañana una grieta en la cohesión de quienes sostienen la seguridad del país.