El panorama político dominicano ha dado un giro agradable para la mayoría y antipático para unos pocos, tras la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley 13-26, que suprime de manera definitiva la figura de las candidaturas independientes, cerrando las puertas a los «outsiders».
Dicha legislación establece que toda aspiración a cargos de elección popular debe canalizarse obligatoriamente a través de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos reconocidos.
Esta decisión ha caído como un balde de agua fría sobre diversos sectores de la sociedad civil y ciudadanos que buscaban participar en los procesos electorales sin las ataduras de las estructuras partidarias tradicionales.
Con dicha legislación, el presidente Luis Abinader cierra legalmente una ventana que apenas comenzaba a abrirse en el sistema democrático dominicano, devolviendo el monopolio de la postulación a los partidos políticos.
Un defensor de esa figura jurídica, establecida por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0788-24, es el empresario digital Alofoke, quien en su momento dejó abierta la posibilidad de postularse a la presidencia sin el respaldo de un partido.
Independientes
Por su parte, el abogado y político Alberto Fiallo, quien elevó el recurso ante el TC, rechazó la aprobación de la Ley 13-26 y definió candidaturas independientes como un «tanque de oxígeno» para la democracia dominicana.
Para algunos entendidos en la materia que no creen en el sistema de partidos como vía única de postulación, la Ley 13-26 contradice el espíritu de apertura que muchos esperaban tras años de demandas ciudadanas. Si bien es cierto que la Ley de Partidos es clara respecto a la hegemonía partidaria, excluir estas candidaturas podría interpretarse como un retroceso en los derechos de participación política, limitando el ejercicio del sufragio.
En el Congreso Nacional, los defensores de la pieza legislativa, propuesta por el senador Ramón Rogelio Genao— argumentaban que la medida busca fortalecer el sistema de partidos y evitar la fragmentación del voto, además de facilitar la fiscalización de los fondos de campaña.
Sobre la derogación
El martes pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que derogaba los artículos 156, 157 y 158 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, así como la Ley 15-19, con el objetivo de suprimir del sistema electoral las candidaturas independientes.
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La ley, promulgada ayer por el Poder Ejecutivo, establece que las postulaciones a cargos de elección popular quedan reservadas a partidos, agrupaciones y movimientos políticos, conforme a la Constitución vigente.
“Que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos constituyen las modalidades exclusivas de la participación política, entendida como el proceso hacia la elección de las autoridades electivas en las distintas instancias y ramas del gobierno”, dice textualmente el documento.
En lo adelante hay que esperar si como ocurrió en el pasado reciente, los que apoyan las candidaturas independientes acudan de nuevo por ante el Tribunal Constitucional, para tratar de anular la Ley 13-26, que suprime esas aspiraciones.
