La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica), expresó este martes su preocupación por lo que considera debilitamiento de la seguridad ciudadana en la región.

Por lo que estima se hace necesario un consenso por parte de los actores involucrados en un proceso de cambio (gobierno, sociedad civil y sector productivo), para la creación de políticas públicas vinculadas al desarrollo económico, social y humano, que sirvan a su vez como mecanismo preventivo de las acciones de delincuencia y criminalidad que limita la adecuada convivencia, así como de políticas que garanticen la seguridad de las personas y de las propiedades.

Advierte que el problema representa un obstáculo en el proceso de desarrollo social y económico, por cuanto reduce la calidad de vida de los individuos, aumenta el gasto público y cercena las posibilidades de incremento de la productividad y la competitividad, tanto en el mercado local como en el internacional.

Advirtió que un país inseguro se torna cada vez menos atractivo para las inversiones. La Fecaica expresó su opinión en la declaración final de su reunión que ha concluido en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, cuyo contenido es el siguiente:

DECLARACION DE FECAICA

La Federación de Cámaras Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica), reunida en Santo Domingo, agradece a sus anfitriones dominicanos por la acogida que le han dado a este encuentro en donde ha sido posible discutir la situación del sector en la región y establecer algunas pautas comunes que contribuyan a mejorar la competitividad de las industrias en los países de la zona.

Primero, preocupación por inseguridad en región

Queremos manifestar nuestra preocupación por el debilitamiento de la seguridad ciudadana lo cual representa un obstáculo en el proceso de desarrollo social y económico, por cuanto reduce la calidad de vida de los individuos, aumenta el gasto público y cercena las posibilidades de incremento de la productividad y la competitividad, tanto en el mercado local como en el internacional. Además, un país inseguro se torna cada vez menos atractivo para las inversiones.

Se hace necesario un consenso por parte de los actores involucrados en un proceso de cambio (gobierno, sociedad civil y sector productivo), para la creación de políticas públicas vinculadas al desarrollo económico, social y humano, que sirvan a su vez como mecanismo preventivo de las acciones de delincuencia y criminalidad que limita al adecuada convivencia, así como de políticas que garanticen la seguridad de las personas y de las propiedades.

A la vez, ha de tomarse en cuenta que la inseguridad surgida de la delincuencia se ha convertido en un fenómeno con implicaciones internacionales (hasta se puede hablar de la «globalización de la criminalidad»), por lo que esto obliga a las diversas organizaciones empresariales de nuestros países a coordinar posiciones comunes ante el problema.

Como entes socialmente responsables, siempre hemos promovido el cumplimiento irrestricto de las leyes como forma de fomentar una cultura ciudadana que aprecie el orden social y rechace más comprometidamente el delito.

En nuestros países suele asumirse que hablar de reforma fiscal es hablar de incrementar impuestos. Estamos conscientes de que las arcas públicas requieren recursos, pero consideramos que dos elementos son fundamentales en todo ordenamiento fiscal.

En primer lugar, es fundamental que la estructura fiscal de nuestros países fomente la competitividad de los sectores productivos y la equidad en relación a nuestros más cercanos competidores e incluso a las potenciales amenazas que viene desde fuera de la región.

Además, no es justo que se hable de reforma fiscal y no se incluya el tema de calidad del gasto público. No se trata de si se recauda mucho o poco, sino si lo recaudado está siendo invertido eficientemente y está contribuyendo realmente a hacer de cada uno de nuestros países naciones más prósperas. La calidad del gasto debe ser al expresión del compromiso de nuestros gobiernos de que lo que recaudan y pretenden recaudar será bien invertido.

La equidad fiscal, de un lado y estructuras fiscales similares y que fomenten la competitividad y las exportaciones harán posible que nuestra región se convierta en un referente de desarrollo económico y social. No se trata de que el Estado incursione en el quehacer económico, sino que facilite la creación de riquezas, de modo que junto a políticas de empleo adecuadas implique bienestar para nuestras sociedades.

1ero. Colaborar en la mediación y resolución de los conflictos de comercio exterior que se suscitan entre productores de nuestros países.

Identificar los regímenes aduaneros y fiscales especiales en cada uno de nuestros países, con el fin de proponer a nuestros gobiernos aquellos que pudiesen ser incluidos dentro del Tratado de Libre Comercio Bilateral entre Centroamérica y República Dominicana.