La nueva solicitud del Poder Ejecutivo de prolongar la legislatura del Congreso dominicano, se presta a especulaciones y no solo por las tres causales, ya que, a esta cantaleteada reforma penal se le ha permitido de todo: desde ser aprobado sin lecturas -sin primera, ni segunda, ni discusiones- y mucho menos, hacer caso a los resultados debatidos en las Vistas Públicas.

¿Quién ha permitido esta repetición de disparates legislativos en este último cuarto de siglo? De insistir que hubiera oposición, toda es responsable porque, en casi 26 años, han gobernado los partidos mayoritarios con iguales objetivos de conseguir el poder por el poder.

El pasado viernes sucedió de nuevo y, otra vez, se demostró que en la República Dominicana no hay preparación técnica y política suficiente para defender los procesos legislativos que significan la base ética del país, porque en los propios partidos no existe una visión deontológica de los deberes políticos.

Y dentro de la prisa de las negociaciones, única acción que se experimenta como práctica política -estableciendo el mayor retroceso de la ley penal desde finales de mil ochocientos, incluso- el Congreso, a una, volvió a fracasar. El caso es, ¿a quién protege en realidad esta pieza legislativa? ¿Es a la corrupción de las instituciones religiosas, gubernamentales?

Junto a las mujeres organizadas e independientes que nunca han descansado en la demanda a sus derechos constitucionales como dominicanas y seres humanas, más de mil personas, refiere la prensa, activistas, profesionales, organizaciones sociales, académicas, etc., firmaron una carta dirigida al presidente Abinader, advirtiendo los graves retrocesos en el recién propuesto Código Penal, y, entre ellas, la esposa y las hijas del primer mandatario.

Y la respuesta del documento a la pregunta, no es ciertamente a la mayoría de las personas, es decir, mujeres, niñas, niños, o aquellas que pertenecen a la diversidad de la humanidad, al contrario. Por lo que, la solicitud es para que haya un marco legal penal que proteja vida, dignidad y justicia para todas las personas, especialmente las que viven en estado de vulnerabilidad.

Un asiento ético social que no niegue la reconocida Violencia de Género contra las Mujeres y los parámetros internacionales de sus causas y consecuencias, incluyendo el feminicidio que ocurre en el país. Que no haga prescribir los delitos sexuales, algo impensable razonablemente y que no siga penalizado el aborto absolutamente, atendiendo a tres justas razonabilidades.

Este país no se merece un Congreso tan deficiente y el pueblo reacciona.

¡Cuánta ineptitud legislativa! ¡Qué increíble!