El informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en que se reitera la infame acusación de que el Estado dominicano mantiene en situación de apátridas a 210 mil ciudadanos de origen haitiano, constituye la más clara evidencia de que esa agencia se ha convertido en punta de lanza de un proyecto criminal que procura debilitar la base de sustentación de la soberanía nacional.

A otra conclusión no se puede llegar porque ese perverso documento es copia calcada de otro que data de casi tres años asentado también en mentiras, prejuicios, ignorancia, inexactitudes y omisiones, pero con el claro propósito de presentar a República Dominicana como una reencarnación de la Sudáfrica del apartheid.

Los redactores de esa sarta de mentiras llegan al extremo de emitir juicios de valor afrentosos y perturbadores, como afirmar que la situación de apatridia es “de una magnitud nunca antes vista en América Latina”, con lo que se pretende perpetuar la impresión de que aquí se persigue, se segrega a propios dominicanos por el color de su piel.

Con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la ley 169-14 y su correspondiente reglamento de aplicación, el Estado dominicano ejerce su inalienable derecho a subsanar irregularidades en la interpretación y aplicación de su Constitución política y a establecer control migratorio sobre su territorio.

Tal y como señala la Cancillería dominicana, no se conoce sobre suelo nacional ningún caso de persona que haya podido demostrar que padece la condición de apátrida, por lo que se reiteran los calificativos de mentirosos, manipuladores e interventores a los redactores de ese informe.
La CIDH carece de autoridad jurídica, política y moral para pretender imponer designios imperiales a República Dominicana, que obviamente no acepta en ningún término ni escenario su necia intervención ni la de sus mandantes.

Necedad

La directiva del Colegio Médico insiste en el despropósito de pretender boicotear el programa nacional de prevención y control del virus del zika, que ya causa estragos en amplios territorios de América Latina y que suscita preocupación en el liderazgo mundial.

Convocar a una huelga nacional de médicos es una insensatez que colisiona con un manifiesto deseo de toda la colectividad de participar en la cruzada que procura evitar que la prevalencia de ese virus se convierta en epidemia. El presidente de ese gremio debería entender que la necedad tiene límite.