Seguro que el ex vicepresidente Rafael Alburquer que no puede probar su denuncia de que el Gobierno utiliza los 40 mil millones de pesos de los bonos adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para impulsar la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo.
Pero tratándose de un dirigente político tan comedido, cuya militancia en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lo pone al tanto de sus métodos y con los escándalos que se han ventilado estos días, la denuncia, que el Gobierno se conformará con negar o ignorar representa otro desafío para la Junta Central Electoral (JCE) sobre la utilización de los recursos públicos en el actual proceso.
Más todavía cuando el Partido Revolucionario Moderno denunció que 97 funcionarios públicos son candidatos a cargos electivos en violación de la ley electoral.

