La abierta insubordinación del destituido jefe de las Fuerzas Armadas y su pretendida reintegración en el Cargo por la Corte Suprema de Justicia, son claros indicadores de que en Honduras está en marcha un intento de golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya.
El mandatario relevó del puesto al general Romero Vásquez, luego que el jefe militar rehusó acatar una orden para que las Fuerzas Armadas prestaran respaldo logístico a una consulta popular a celebrarse el domingo.
Con el Ejército en las calles, la Corte Suprema revocó el despido del general Vásquez y advirtió que sometería al Presidente a un proceso penal, en caso de no acatar ese fallo.
Lo que pretenden los 15 jueces de la Suprema es legalizar un golpe de Estado contra un mandatario que no ha hecho otra cosa que la de recurrir a sus prerrogativas constitucionales para relevar a un alto mando militar que rehusó cumplir una orden legal y legítima de su comandante en jefe.
Influyentes sectores políticos y económicos creen llegado el momento de darle un zarpazo mortal al orden consticional hondureño y frustrar la decisión del presidente Zelaya de acercar a esa nación al esquema de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), que integran, entre otras naciones, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.
La iniciativa del presidente Zelaya, de convocar una consulta popular para que los electores decidan la pertinencia de una Asamblea Constituyente, ha motivado la puesta en marcha de un claro proceso desestabilizador en Honduras.
Es por eso que todo el Continente reclama la rápida intervención de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para impedir que se materialice la clara intentona golpista contra el Presidente y la democracia de Honduras.
El titular de la Corte Suprema, Jorge Rivera, ha desafiado al orden constitucional al amenazar al presidente Zelaya con someterlo a un proceso penal.
América Latina no debe ni puede permitir que se materialice el intento de golpe de Estado en Honduras.
El Nacional
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