La poca sensibilidad hacia el tema humano de las personas en la política aplicada al poder se refleja en las decisiones del gobierno, obligado a desdecirse más de una vez en un contexto de reclamos. Sin embargo, nuestro país, cuenta con una plataforma de compromisos internacionales en DDHH y con leyes nacionales, como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2020, con la Ley 1-12, y sus Reglamentos.

Desde 1948, teniendo como base la Declaración Universal de los DDHH, se estableció a nivel universal y a partir de Tratados y Convenios aterrizados a legislaciones nacionales, la construcción de leyes capaces de transformar la gobernanza de los pueblos, para acabar de reproducir privilegios e injusticias históricas y violar derechos de la mayoría de las personas.

La legislación internacional de la que somos parte en materia de derechos humanos establece la obligación del Estado de comprometerse no solo retóricamente, sino también en la práctica, a respetar, proteger y promover los derechos humanos, como lo señala ya la Constitución de 2010/15 y la reciente reforma 2024.

En nuestro país, todas las leyes nacionales a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo-2030, END 1-12, tienen una perspectiva de DDHH y hacemos gala de ello discursivamente, pero ha sido difícil aterrizar esos derechos a la práctica, porque nuestra cultura arraigada y tradicional, se mantiene intacta: juzgadora, estereotipada, sexista, clasista, racista etnicista, con todas las interseccionalidades aplicadas.

La poca institucionalización en nuestra administración estatal permite errores como la reciente decisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, (Intrant), de limitar el permiso de conducir a las personas de más de 65 años, obligándolas a pagar el doble de lo que se paga normalmente, una violación a la ley y a la Constitución, y una muestra de discriminación por edadismo.

El Intrant reafirma la cosmovisión de nuestra cultura practicada en un conjunto de estereotipos, prejuicios y mitos que presuponen que, las personas de una determinada edad tenemos las mismas capacidades, necesidades e intereses, desde una posición de fragilidad aplicadas a priori a quienes se consideran personas viejas.

En este caso, no solo desprotegiendo una etapa etaria sumamente importante en la vida de las personas, también obligándolas a pagar el doble en una etapa de vida en la que, precisamente, se produce menos, muchas veces por esa discriminación institucionalizada.

La mayoría de los países de la región tienen integradas políticas de inclusión y protección para las personas adultas mayores. Con la ignorancia del funcionariado local, teníamos que poner la nota discordante.