Santo Domingo.– La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República depositó ante la Procuraduría General de la República un expediente de investigación que revela graves irregularidades en el proceso contractual entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Dekolor, S.R.L., encargada del servicio de emisión de licencias de conducir.
La investigación —basada en un informe financiero forense— evidencia serias debilidades en el cumplimiento del marco legal, así como violaciones a los principios de legalidad, transparencia y control administrativo, especialmente en lo relativo al registro, modificación y ejecución del contrato.
Contrato bajo la lupa
La relación contractual entre INTRANT y Dekolor se originó a través de la licitación pública INTRANT-CCC-LPN-2019-0007, publicada el 8 de agosto de 2019, y formalizada mediante el contrato DJ-CSB-001-2020, firmado el 7 de enero de 2020. El contrato establecía un monto de RD$805.69 por cada servicio de emisión de licencia.
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El expediente fue enviado al Ministerio Público para posibles acciones judiciales por corrupción
No obstante, durante la ejecución del contrato se emitieron tres adendas que agravaron las inconsistencias:
- Primera adenda (2020-2021): Incluyó el servicio de examen médico psicofísico, sin que este estuviera contemplado en los términos iniciales del contrato y sin registro ante la Contraloría.
- Segunda adenda (2022): Introdujo un aumento de precios sin justificación técnica y fue rechazada por la Contraloría por falta de documentación soporte.
- Tercera adenda (2022): Fue registrada formalmente, pero reconoció la existencia de las adendas anteriores sin que estas hayan sido regularizadas.
Hallazgos adicionales
La Unidad Antifraude también examinó convenios complementarios y contratos vinculados con la empresa PAGORD XCHANGE, S.R.L., además de requerir información a funcionarios del INTRANT, áreas administrativas y jurídicas, y otras entidades públicas y privadas.
El análisis reveló pagos efectuados sobre la base de adendas no registradas, alteraciones en los precios y violaciones a las normativas contractuales vigentes, todo lo cual compromete la transparencia del proceso y podría configurar responsabilidad penal.
El expediente fue remitido al Ministerio Público para que se determine si corresponde iniciar acciones judiciales por corrupción administrativa y otros delitos conexos.
