Una de las variables más visibles del actual proceso electoral, que ya entró en su penúltimo codo, la representa la confusa estrategia de la oposición de desacreditar a la JCE como organizadora del certamen. Desde mucho antes de la campaña entrar en calor, a principios de noviembre de 2023 el candidato del PLD, Abel Martínez, se hizo eco de extraños rumores sobre una reunión clandestina del presidente de la JCE, Román Jáquez, con funcionarios del Gobierno, en una residencia del sector Arroyo Hondo.

La denuncia, que fue desmentida por Jáquez, fue formulada con el claro propósito de manchar la imagen del tribunal como árbitro del proceso. El PLD, que con otros partidos opositores había cuestionado antes el conteo manual de los votos, calificando la decisión como un retroceso en la época de la tecnología digital, no tuvo más que guardar silencio ante la respuesta de la JCE. Si con la revelación procuraba levantar sospechas, se quedó en el limbo porque nadie lo respaldó.

Pero la indiferencia de la población no ha frenado los aprestos opositores por desacreditar la capacidad o imparcialidad de la JCE para organizar el certamen. Dentro de ese contexto se inscribe la confesión de un supuesto hackeo de los equipos de escaneo, transmisión e impresión de los resultados. Sin embargo, el tribunal aclaró que no hubo tal injerencia, sino una simple conexión telefónica a una de las impresoras del sistema. Como en otros casos la organización optó por el silencio frente a la aclaración.

Decidido a empañar la imagen de la JCE, la organización, tal vez rememorando los fantasmas del pasado, recusó al miembro Rafael Vallejo Santelises porque supuestamente había actuado como vocero del Gobierno. El recurso no prosperó y la oposición no ha tenido más que expresar un tímido quejido. Pero la secuencia no descarta que en los días que faltan para las votaciones se hagan otras denuncias contra la JCE como parte de una estrategia con el propósito de generar incertidumbre y descalificar de antemano los resultados en las urnas.

Puede pasar, pero será muy difícil que se reediten los fallos técnicos de las municipales de 2020, que afectaron no solo la imagen del tribunal, sino de personas honradas y competentes, quienes bajo ninguna circunstancia se prestarían a ningún tipo de fraude. Esos miembros también fueron víctimas del manejo político que desde el poder se dio a la crisis que obligó a anular las elecciones.

A diferencia de los tiempos en que la JCE operaba como el brazo electoral del partido en el poder, esa no es la imagen ni el comportamiento que exhiben sus actuales miembros. Tratar de desacreditarlos con denuncias sin fundamento representa una estrategia errada.