El Consejo del Poder Judicial sometió a juicio disciplinario a cinco jueces acusados por el procurador general de manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado de narcotráfico, lavado de activos y corrupción, un caso jurisdiccional con ribetes de gran escándalo.

Esos magistrados, de tribunales y cortes de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional, formaban parte de una supuesta estructura delictuosa, dirigida por un juez de Instrucción que previamente renunció a su investidura y a la de miembro del CPJ, conforme a denuncia del procurador Francisco Domínguez Brito.

El Ministerio Público imputa a esos jueces recibir un millón de pesos para variar la prisión por garantía económica en favor de un acusado de narcotráfico, y al magistrado supuesto cabecilla del grupo de influir en otro juez para liberar a un acusado de sicariato mediante un hábeas corpus, a cambio de dinero.

Conforme al acta de acusación presentada por la Procuraduría General habrían incurrido en diversos actos de prevaricación mediante sentencia de libertad o variación de medidas cautelares, así como devolución de bienes en favor de narcotraficantes.

Hay que suponer que el Ministerio Público dispone de suficientes pruebas o evidencias para encaminar el fardo de acusaciones contra esos jueces, sometidos a juicio disciplinario por recomendación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía.

El Poder Judicial está compelido a salir fortalecido en esta nueva prueba a que ha sido sometido por acciones de peculado atribuidas a jueces, una mancha que no debe quedar en la condición de indeleble, si el Consejo del Poder Judicial cumple con su rol de comprobar con toda claridad la responsabilidad penal atribuida a esos magistrados o en caso contrario, de producir el descargo.

Lo saludable sería que ante cualquier brote de corrupción en cualquiera de las estructuras del orden judicial o del Ministerio Público, los responsables, como manzana podrida, sean separados de esas venerables instituciones y sometidos a la acción de la propia justicia que deshonraron.

Esos jueces hoy imputados de prevaricación y asociación para delinquir, están investidos del derecho constitucional a la presunción de la inocencia, lo que obliga al Ministerio Público a probar las gravísimas acusaciones que les ha hecho. Esta vez, la Justicia se juzga a sí misma.