Será esta tarde cuando se conozca la medida de coerción a los 10 exfuncionarios encartados por supuestos actos de corrupción durante el pasado gobierno, y quienes se encuentran detenidos desde el domingo en la cárcel del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva.
El caso estaba en el número 12 del rol de audiencias de la Oficina de Atención Permanente, pero al cierre de esta edición no había comenzado.
Esta mañana el juez de la Oficina de Atención Permanente, Alejandro Vargas, se reunió con los abogados de los acusados, al parecer para coordinar lo relativo al conocimiento de la audiencia.
Pedido
Fue anoche cuando el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva a los diez exfuncionarios que, según afirma la Procuraduría, recibieron privilegios económicos del Estado y sirvieron de testaferros.
Marcando el reloj las 11:20 de la noche, el cuerpo de fiscales, coordinado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositó la solicitud de medida de coerción por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En dicho documento, las autoridades piden prisión preventiva para los imputados, de conformidad con el artículo 226, numeral 7, de la Ley 76-02 del Código Penal Dominicano, pero al mismo tiempo que el caso se declare complejo. La Procuraduría tenía hasta las 2:00 de la madrugada de este martes para solicitar la imposición de medida preventiva.
Mediante el operativo denominado Antipulpo, la Pepca apresó a los hermanos Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
El Ministerio Público determinó que el impetrante Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.
Mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.
Clausura
Las autoridades solicitaron, además, la clausura temporal de las empresas Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Wattmax Dominciana SRL.
