La recién cancelada jueza Aristilda Mercedes Rodríguez tenía interés de que tuviera lista, antes de que se iniciara una investigación, la resolución mediante la cual ordenó la libertad, pura y simple, de los cinco venezolanos acusados de introducir al país en un avión 359 kilos de cocaína por el aeropuerto de La Romana.

El dato está contenido en la sentencia mediante la cual, el Consejo del Poder Judicial la destituyó como juez de tránsito del Departamento Judicial de La Romana, por alegadamente haber cometido faltas graves en el desempeño de sus funciones durante el conocimiento de la medida de coerción a los cinco venezolanos, a los cuales dejó en libertad, pura y simplemente.

Mediante grabaciones telefónicas, autorizadas por un juez de La Romana, los inspectores determinaron que la magistrada Mercedes Rodríguez tenía interés de que “la resolución estuviera lista el lunes temprano (un día después) antes de que vinieran la gente de la capital”, es decir, antes de que la Inspectoría fuera apoderada del caso de manera formal.

Al entender de dichos inspectores, esto da como un hecho que tendría problemas para dictar dicha resolución antes de que se tuviera conocimiento de la misma de manera oficial o que fuera apoderada la Inspectoría General.

Para justificar la puesta en libertad de los imputados, la magistrada explicó por escrito y en los interrogatorios, que es de criterio que si no se da por escrito la solicitud de cualquier autorización de allanamiento, ella libera a los imputados, aun y cuando es costumbre en La Romana hacer solicitudes por la vía telefónica y los jueces otorgarlas.

Sin embargo, los jueces determinaron que en el caso en cuestión para revisar vehículo (en este caso avión) no es necesaria una orden judicial.