Tras la recuperación de la afección de covid-19 de la magistrada Gisselle Naranjo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional retomó este jueves el conocimiento del juicio de fondo a los acusados de recibir y repartir los sobornos que el consorcio Odebrecht admitió haber pagado en República Dominicana para asignaciones de construcciones de obras del Estado.

La audiencia fue aplazada para hoy el pasado 20 de junio, luego que de que la presidencia del tribunal anunciara que la magistrada Naranjo estaba afectada de covid-19.

El proceso continúa con el imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, quien tiene previsto presentar sus testigos de descargo y pruebas documentales.

Al inicio de la audiencia, las barras de las defensas se solidarizaron con la magistrada Naranjo, por la pérdida de quienes dijeron era su ser más querido, aunque no especificaron de quien se trataba.

Además de Rodríguez Hernández, por el caso son procesados Ángel Rondón Rijo, Conrado Pitaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado y Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de San Cristóbal.

Insisten
Abogados que forman parte de la defensa de distintos imputados en el caso Odebrecht, insistieron hoy en que el asesor del exprocurador Jean Alain Rodríguez, Miguel José De Moya, ejecutó -en lugar de una mediación- una función de amenaza a sus clientes para que no se pronunciaran en la prensa contra la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Eric Raful, Miguel Valerio y Manuel Rodríguez afirmaron que De Moya, implicado en el caso Medusa, ciertamente se reunió con varios de los encartados en el proceso Odebrecht, pero para tratar de censurarlos con el propósito de que los medios solo publicaran las versiones de la PGR y del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

“En las reuniones, por separado, a algunos les dijo que apenas la prensa había revelado una reducida proporción de informaciones en manos de la PGR, que supuestamente tenía más vías para hundir a los imputados que se activaran en los medios de comunicación”, indica un comunicado de los abogados.

Manifestaron que De Moya, con tinte de chantaje, llegó a plantear -a nombre del entonces procurador – la idea de que el caso Odebrecht funcionara “como unos vagones que a lo largo del proceso harían paradas para ir bajando a los imputados en distintas estaciones.”

En ese contexto, Moya dejó entrever que “los imputados que desarrollaran acciones mediáticas contra los argumentos de la Procuraduría”, corrían el riesgo de que su vagón no se detuviera en ninguna estación, con una clara intención de amedrentar y aplicar censura, impidiendo el derecho a la defensa.

“Naturalmente, y como se ha podido ver, nuestros clientes han asumido su derecho a la defensa desde el punto de vista legal y reputacional”, expresaron en declaración conjunta.