LA PAZ (AP).- La Corte Suprema de Bolivia dijo el martes que el juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la muerte de 63 personas continuará sólo para otros ocho procesados que se presentaron en la audiencia de apertura. Sánchez de Lozada y doce de sus ex ministros, que no se presentaron, fueron declarados rebeldes a la ley y el juicio en contra de todos ellos queda en suspenso, dijo a la AP el portavoz del tribunal Orlando Encinas.

Hay un mandamiento de apremio en contra de ellos, agregó.

De los 17 demandados sólo tres ex ministros de Sánchez de Lozada y cinco ex jefes militares se presentaron a la apertura de juicio oral el lunes. Ninguno está detenido, sin embargo, el proceso ha sido momentáneamente interrumpido hasta que se resuelva una incidencia legal planteada por uno de los demandados. Sánchez de Lozada acusado de genocidio y dos ex colaboradores suyos viven en Estados Unidos, otros tres fueron acogidos en Perú. Del resto se desconoce su paradero.

La Constitución en vigencia señala que los delitos de genocidio son imprescriptibles pero aclara que no podrán ser juzgados sin haber sido escuchados. El ex presidente mandó a los militares a desbaratar una prolongada protesta en contra de sus políticas que derivó en la muerte de más de 60 personas y dejó heridas a más de 400 lo que provocó su renuncia en octubre de 2003.

Desde Estados Unidos, su abogada Ana Reyes, dijo a la AP que las acusaciones no tienen mérito y están motivadas en política ya que Sánchez de Lozada actuó legalmente al responder a manifestantes.

Agregó que la actuación de las militares fue legal y responsable. Reyes dijo que Sánchez de Lozada vive legalmente en Estados Unidos y no enviará a abogados a Bolivia. Encinas aclaró que tampoco se la asignará defensores de oficio.

La petición de extradición en contra del ex mandatario y dos de sus ex ministros que viven en Estados Unidos es una persecución política del gobierno actual a los opositores, según Reyes. Sánchez de Lozada un exitoso líder reformista liberal en los años 80 y 90 es el primer presidente del ciclo democrático en ser llevado a juicio. Sus colaboradores que buscaron refugio en Perú dijeron que no asumirán defensa porque no hay garantías para un debido proceso.

Ninguno de los líderes de las protesta que originó la convulsión social en octubre de 2003 están incluidos en la demanda.