La decisión de un juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en materia penal, que ya fue recurrida por el Ministerio Público, ha provocado que escribas y fariseos consideren que la justicia ha colapsado y que sus miembros deben ser conducidos al patíbulo moral por venales o prevaricadores.

El Estado nacional descansa sobre el principio de la separación de poderes, uno de los cuales es el Judicial, cuya lapidación como proponen mansos y cimarrones, rompería el equilibrio de ese trípode, que sería mejor reparar en vez de destruir.

Los jueces se pronuncian por sentencia, los fiscales por dictamen, por lo que, en vez de encender hoguera, las graderías deberían usar como espada y escudo los textos que sustentan el fallo del presidente de la audiencia y las conclusiones del Ministerio Público, si de verdad se aspira a un debate sano y provechoso.

Debe decirse que los jueces de las Altas Cortes son escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano de textura constitucional, integrado por ocho miembros, seis de los cuales son electos de manera directa por el voto popular, lo que supone que esos magistrados seleccionados poseen calidades legítimas.

Cualquier ciudadano que alegue tener prueba o evidencia sobre la comisión de venalidad o prevaricación por parte de un juez de cualquier jurisdicción o instancia, su deber y obligación es presentarla ante el Consejo del Poder Judicial, órgano con rango constitucional, a cargo de fiscalizar y evaluar el desempeño de esos magistrados.

Los fallos judiciales que se consideren errados, ilegales o ilegítimos se atacan por vía de los recursos, como ha hecho el Ministerio Público con la sentencia de referencia, hasta que adquiera la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es irracional que en procura de sana administración de justicia se incurra en injusticia.

Son y serán muchos los jueces que emitan sentencias que generen disgusto o aprensión ciudadana y en no pocos casos aflorarán sospechas de venalidad o prevaricación, pero es injusto que por esas razones se proclame que el Poder Judicial es motivo de vergüenza ajena.

Centenares de jueces de juzgados de paz, tribunales y cortes administran diariamente justicia con decoro, apegados al derecho y en absoluta correspondencia las pruebas de cargo o descargo. Esos magistrados reclaman y merecen el respeto de sus conciudadanos.