El juicio a los imputados en el caso Odebrecht continuó hoy con la presentación de una serie de reparos y observaciones a la acusación que hace el Ministerio Público, entre ellas una del empresario Ángel Rondón en la que señala que el dinero que posee es fruto de inversiones y reinversiones en sus negocios y no de los sobornos que la empresa brasileña confesó haber pagado en el país.
En uno de los reparos hechos por ante el juez Ortega Polanco, Rondón detalló cómo, según él, obtuvo y ha invertido cada centavo que tiene como empresario.
Dijo que en los últimos 20 anos ha invertido en sus empresas más de 2 mil 335 millones de pesos y que ha pagado de impuesto al Estado a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) más de 1,000 millones de pesos y que ha contribuido a la Seguridad Social con más de 190 millones de pesos.
Detalló que sus empresas en los últimos diez años han tenido ingresos por más 14 mil 700 millones de pesos y que ha tenido beneficios acumulados por más de 355 millones de pesos.
Estas informaciones están contenidas en el segundo informe de reparos que hicieron sus abogados a la acusación de la Procuraduría General de la República.
Estas cifras fueron extraídas de los estados financieros depositados en la Procuraduría, auditados unos por KPMG, como es el caso de Triple A Dominicana, y las otras empresas por Gomera y Asociados.
Cuestionó que se le acuse de haber sobornado a los miembros de los comités de licitaciones de las instituciones para que se le adjudicaran obras a Odebrecht y a sus consorciados y que sin embargo de más de cien miembros de los comités de licitaciones no haya ninguno de ellos en la acusación.
Cuestionó, además, que se le acuse de haber sobornado a los ministros de Hacienda y directores de presupuestos para incluir dichos proyectos en el Presupuesto General del Estado y que no haya ningún imputado.
Recordó que también se le acusa de haber sobornado a directores de crédito público, además de agilizar en el Poder Ejecutivo la remisión al Congreso de los contratos de financiamiento y que no hay ningún consultor jurídico del Poder Ejecutivo en la acusación.
