Sólo en un país, como la República Dominicana, un presidente viola de forma sistemática las leyes y nada pasa. Y ocurre porque las instituciones son débiles y dependientes del Poder Ejecutivo. Con el control absoluto del Senado y del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Fernández pone de rodillas a los demás poderes del Estado.

Si tenemos o no democracia podría ser objeto de discusión, porque carecemos de división de poderes y las reglas de juego establecidas son violadas regularmente.

El presidente de la República toma préstamos internacionales, sin la aprobación del Congreso Nacional, como el de la Sun Land, y nada pasa. También viola la Constitución al no asignar los presupuestos que, por ley, corresponden a la UASD, a los ayuntamientos, a la justicia y a educación y nada pasa tampoco.

Hay pruebas de su anuncio de que gastaría 42 mil millones de pesos, del erario, para invertir los resultados electorales, mediante prácticas políticas clientelares, y todo se queda igual. Ya nadie refiere el tema, porque un escándalo hace olvidar al anterior.

Hay pruebas de desfalco a instituciones públicas y sobrevaluación de megaproyectos, y todo sigue igual. En estos últimos ocho años ha habido una recaudación tributaria record y el gobierno ha llevado la deuda externa de 8 mil a 24 mil millones de dólares, sin tener la menor forma de explicar la evaporación de esos recursos.

El numeral 1, artículo 83, de la Constitución de la República, establece mecanismos de sanción a los funcionarios públicos electos. Sobran razones para que el presidente sea sometido a un juicio político, pero es un sueño pensar en esa posibilidad, por el control que tiene de las cámaras legislativas.