Desde el comienzo de la gestión del presidente Abinader se ha venido propugnando la retórica de una justicia independiente, la persecución de la corrupción y la supuesta voluntad política para generar un cambio trascendental en el sistema de administración de justicia.

No obstante, en la práctica esta retórica se ha extrapolado a conferir a la Procuraduría General de la República y a quien la preside, mayor autonomía respecto a sus funciones, específicamente en la persecución de la corrupción administrativa y el crimen organizado, o al menos en apariencia.

Mucho se ha aplaudido este aparente esfuerzo descomunal; sin embargo, estos esfuerzos poco han impactado a las personas de a pie; quienes padecen de lo cotidiano, de lo poco sonoro, que pecan porque su proceso no cuenta con un título rimbombante y a la prensa no le interesa pues, no tiene manera de sacarle capital al asunto. Para los que viven de las estadísticas, lamentablemente de esto es que está compuesto en su gran mayoría la carga del sistema de justicia.

Al margen de las noticias que tratan sobre importantes cambios en el sistema de justicia, movidos en apariencia, por la voluntad política; la realidad es otra; l) no se está reteniendo capital humano de calidad por los bajos sueldos, lo que se traduce en fuga de talento al sector privado; ll) no se cuenta con la infraestructura física adecuada para sostener un sistema secretarial digno; lll) los espacios físicos no son aptos para garantizar la integridad de los expedientes, ni para que los servidores los trabajen y; lV) en lo que respecta a las fiscalías, muchas parecen galleras por la falta de personal e infraestructura física que no es acorde con el tránsito de usuarios y el volumen de proceso que manejan.

Propio mencionar, como nota al margen que, cuando se descompone el término “sistema de justicia”, nos referimos a todos los actores que intervienen de alguna manera en el sistema; fiscales, jueces, oficinistas, árbitros, abogados, defensores públicos, etc.

Estos padecimientos dificultan una administración de justicia eficiente y transparente de cara a los usuarios; e irremediablemente se traduce en que, el sistema está siendo sostenido por servidores, quienes hacen de tripa corazón para que siga operando el engranaje; ya sea por pasión, responsabilidad o un sentido trascendental del deber cumplido.

Sin embargo, no es para nada justo lo que ocurre actualmente – es menester que se mejoren las condiciones de los actores públicos que propulsan el sistema, que exista un régimen más transparente de ascensos. Amen que exista virtualidad y digitalización de los expedientes, empero esto solo es una pequeña parte de algo más grande, al menos alguien miope como yo lo ve de esa manera.

Por: Jorge Lora Olivares
Loraolivares@jlcabogados.com