Un juez ha dispuesto apremio corporal de ocho meses a tres implicados en la comisión de supuesta corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), con lo que ese caso toma un derrotero en dirección al orden judicial, donde debe ventilarse de manera definitiva, sin permitir que sea degradado a otra función de circo.

La sociedad no desea ser convocada a convenientes lapidaciones políticas o morales, sino al cumplimiento estricto de la ley penal que fija sanciones punitivas contra los ciudadanos que incurran en infracciones criminales o delictuosas, para lo cual se requiere que el Ministerio Público aporte el fardo de pruebas o evidencias.

El Gobierno ha dicho que ese escándalo, suscitado a raíz del suicidio en un baño de la sede de Oisoe del arquitecto David Rodríguez García, acosado por presunta extorsión, debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, saludable señal de que los fiscales no confrontarán dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones.

A lo que se aspira es a que el Ministerio Público levante todas las alfombras y movilice todos los armarios y archivos, hasta identificar las ramificaciones mafiosas que se dice medran en esa institución y que habrían infectado otras instancias del Estado.
No resulta de buen gusto que un escándalo que aflora a causa de la tragedia que significó el suicidio de ese joven profesional, se convierta ahora en una feria para agradar al morbo colectivo y no para generar una oportunidad que promueva ejemplo de sana investigación judicial y correcta aplicación del derecho.

El caso en cuestión ha sido declarado complejo por lo que los fiscales tendrán tiempo suficiente para encaminar y concluir una investigación enteramente profesional, sin excluir ni incluir nombres por razones de conveniencia de ningún tipo.
La sociedad dominicana ha sido obligada a ingerir de manera constante acíbar de frustración porque el orden judicial ni el Ministerio Público han podido satisfacer sus aspiraciones de que la justicia opere a cabalidad.

Es esta una extraordinaria oportunidad para que jueces y fiscales se reivindiquen ante una población con sobradas razones para la incredulidad, y para que el Gobierno demuestre de una vez y por toda su proclamada voluntad política de que no intervendrá ni para bien ni para mal en los casos de corrupción que lleguen al dominio de la justicia.