TEGUCIGALPA, Honduras. (elheraldo.com). La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó que nadie está por encima de la ley.

Al mismo tiempo garantizó el debido proceso al ex presidente Manuel Zelaya por las causas incoadas en su contra.

Las autoridades de la CSJ reaccionaron ante lo expresado por el presidente Porfirio Lobo Sosa, quien externó su intención de viajar a República Dominicana para traer a Zelaya.

Lobo aseguró que Zelaya no será capturado a su retorno a Honduras, ya que este tema fue discutido con el presidente de la CSJ y autoridades del MP.

El presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, delegó en su vocero, Danilo Izaguirre, su posición. Si el ex mandatario decide presentarse voluntariamente a los juzgados deberá enviar a sus abogados al Juzgado Penal para notificarlo, dijo.

Si el juez competente resuelve que procede tal petición, fijará día y hora para que Zelaya comparezca voluntariamente a la audiencia de declaración de imputado. En ese caso se le suspenderían las órdenes de captura. De no presentarse en la fecha indicada las órdenes de captura se reactivarán.

Al ex presidente Manuel Zelaya Rosales sí se le va a garantizar el debido proceso, como a todos los ciudadanos comunes del país», expresó.

«Eso no significa que no se van a seguir los procedimientos establecidos por la ley en el órgano jurisdiccional competente», expresó Izaguirre.

«Nadie está por encima de la ley, ni el Presidente de la República», ratificó el vocero. Aseguró que el juez competente resolverá lo que procede en los juicios contra Zelaya, sin presiones de sus superiores.

El Ministerio Público (MP) interpuso tres acusaciones en contra de Zelaya, de las cuales el Juzgado de Letras Penal de la capital libró igual número de órdenes de captura.

En el primer requerimiento fiscal el MP presume que el ex mandatario incurrió en delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras.

Los ilícitos están relacionados a la promoción de la «cuarta urna» para la instalación de una asamblea nacional constituyente, declarada ilegal por el Poder Judicial.

Estos delitos son considerados como políticos y comunes conexos, sobre el cual el Congreso Nacional decretó una amnistía. En este caso la orden de captura librada contra Zelaya quedaría sin valor.

Al concluir otras investigaciones, el MP interpuso dos acusaciones más contra el ex mandatario por delitos ligados a actos de corrupción, que no abarca la amnistía.

En el primero la Fiscalía contra la Corrupción supone que Zelaya es responsable de tres delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.

Según la Fiscalía, se desviaron unos 27 millones de lempiras para pagos de publicidad mediante la emisión de injustificados decretos de emergencia.

Un apunte

Manuel Zelaya fue derrocado el 28 de junio de 2009