Santo Domingo.– El próximo 19 de noviembre, el sistema judicial dominicano revisará la objeción al archivo definitivo de una querella millonaria presentada por las empresas Ilmex, LTD y Dolwen, LTD, que acusan a varios empresarios de abuso de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores.

El expediente, que apunta a una presunta distracción de nueve millones de dólares (US$9,000,000) pertenecientes a inversionistas extranjeros, ha generado controversia por la manera en que fue archivado por el Ministerio Público.

Empresarios señalados en el proceso

Entre los principales involucrados figuran Luis José Asilis Elmudesi, Luis J. Asilis Cortina, el empresario jamaiquino-canadiense Michael Anthony Lee-Chin, y las entidades Grupo Metro, AIC International Investment Limited y Lajun Corporation.

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Los querellantes sostienen que la fiscal Ivelisse Casado archivó el expediente sin agotar las diligencias mínimas de investigación, sin interrogar a los imputados ni profundizar en los hechos denunciados. Por esa razón, solicitaron la revisión judicial del caso con el fin de reactivar el proceso penal y llevar a los señalados ante los tribunales.

El esquema denunciado

Según el documento depositado ante la justicia, los querellados habrían captado fondos millonarios mediante “papeles comerciales”, un mecanismo financiero que —de acuerdo con la denuncia— no contaba con la debida autorización del Banco Central ni de las autoridades monetarias dominicanas.

Los inversionistas habrían entregado los recursos bajo la garantía corporativa del Grupo Metro, respaldada por los activos de las empresas vinculadas. Sin embargo, los denunciantes aseguran que posteriormente se trasladaron los bienes a otras sociedades controladas por los mismos implicados, dejando insolventes a las compañías que servían como respaldo.

Acusaciones de lavado de activos

Los abogados de las víctimas alegan que este movimiento de fondos y activos buscó ocultar el origen y destino del dinero, configurando así un posible delito de lavado de activos. Consideran que el esquema fue diseñado para dejar sin protección legal y económica a los inversionistas extranjeros.

Confianza en la justicia a prueba

El tribunal deberá decidir si el archivo del caso tuvo base legal o si existen elementos suficientes para reabrir la investigación. El resultado de esta audiencia será determinante para medir la credibilidad del sistema judicial dominicano frente a los delitos financieros de alto nivel que involucran a influyentes figuras empresariales tanto locales como internacionales.