El Ministerio de Relaciones Exteriores agradece el reconocimiento que hizo la CIDH sobre avances en derechos humanos, pero calificó sus conclusiones de parciales y unilaterales

CHRISTIAN OVIEDO

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La Cancillería de la República manifestó hoy su inconformidad y desagrado con las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las conclusiones emitidas ayer por la misión que vino al país a evaluar la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

En una nota de prensa emitida por esta institución, considera que las conclusiones de la CIDH muestran una versión subjetiva, parcial y unilateral acerca de la realidad de República Dominicana.

En el documento, reitera el compromiso del país con el respeto de la dignidad humana, así como con los derechos fundamentales y derechos adquiridos de los afectados por la decisión emitida por el Tribunal Constitucional y recordó que el Gobierno está actuando con apego a nuestro orden constitucional y, por tanto, acata lo estipulado por el Tribunal.

Asimismo, agradeció la mención que la CIDH realiza en torno a los avances logrados en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos en el país.

Sin embargo, lamentó el escaso reconocimiento y relevancia que la Comisión otorga a los esfuerzos realizados por el Gobierno para alcanzar una solución justa y legal a la situación planteada por dicha sentencia.

Sostiene, además, que poner en marcha el Plan de Regularización es también una forma de reconocer y garantizar derechos a toda la población residente en República Dominicana.

Entiende que de esta manera se cumple con el objetivo de dotar al país de una regulación migratoria moderna, transparente y funcional, para los extranjeros en situación migratoria irregular, lo que permitirá ejercer la soberanía nacional y dar protección legal a los extranjeros en territorio dominicano, independientemente de su país de origen.

La Cancillería argumentó que con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos los individuos en el país, el Gobierno trabaja en medidas adicionales, como la creación de un proyecto de Ley de Naturalización Especial.

“Queremos también señalar que si bien es cierto que en el país puedan registrarse manifestaciones de racismo e intolerancia, estas son siempre expresiones de particulares y en ningún caso reflejan posiciones compartidas por ninguna de las instituciones representativas dominicanas, ni por la mayoría de su población. Esta situación, si bien no es deseable, no es, en todo caso, diferente a la que se vive en cualquier país del mundo que tenga una sociedad plural y democrática, en la que incluso las posiciones más críticas tienen derecho a expresarse”, precisó.

Reafirmó que cualquier víctima de abuso o discriminación cuenta con los mecanismos legales a su disposición para denunciar cualquier hecho de este tipo y con el apoyo de nuestro Estado de Derecho.

Con relación a la situación de marginalidad y pobreza en la que se encontrarían muchos migrantes en República Dominicana, la Cancillería señaló que esta es una situación compartida con miles de ciudadanos dominicanos que aún viven en condiciones de pobreza.

En este contexto, la Cancillería resaltó que el Gobierno de República Dominicana ha puesto en marcha un programa cuyos ejes centrales son el combate a la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Programa que beneficia por igual a todos los habitantes del territorio, independientemente de su origen.