La impredictibilidad de Haití en sus relaciones intrafronteriza se traduce en gran dolor de cabeza para el Gobierno dominicano que no ha podido convencer a sus vecinos de promover una agenda bilateral que concilie intereses en los ámbitos migratorio, comercial, salud, agropecuario y en otras áreas o formas de cooperación.

En vez de promover una fluida y formal relación comercial a través de la frontera, el Gobierno haitiano opta por prohibir el ingreso por tierra de 23 productos dominicanos, lo que ha generado un desplazamiento del comercio hacia la informalidad y el contrabando.

El argumento para imponer esa política de retaliación comercial ha sido el requerimiento de garantía al pago de aranceles aduanales, un tema sobre el cual la parte dominicana ofreció asesoramiento al Gobierno haitiano, que no mostró ningún interés.

Hace tiempo que República Dominicana y Haití formaron un protocolo sobre relaciones comerciales, que ha sido violado de manera sistemática por Puerto Príncipe, la mayoría de las veces con justificaciones baladíes, a pesar de los esfuerzos de acercamiento realizado por el Ministerio de Industria y Comercio.

Como consecuencia de las medidas de restricción al ingreso de productos dominicanos a Haití, las exportaciones nacionales a ese mercado se redujeron el año pasado en más de 400 millones de dólares, lo que ha significado un negocio millonario para élites haitianas que promueven importaciones desde otros destinos.

Es claro que un sector del Gobierno y del empresariado haitiano prefiere alentar el contrabando de productos que se realiza por unos cincuenta puntos fronterizos, antes que formalizar unas relaciones comerciales basadas en la legalidad y la transparencia.

El pueblo haitiano sufre las consecuencias del desorden que se promueve desde esferas políticas y comerciales de ese país, porque deben pagar más altos precios por alimentos tales como huevos, harina, arroz, pollo, condimentos, así como por productos tales como cemento, varillas y otros agregados de construcción.

Resulta difícil establecer relaciones armoniosas y fluidas con un país donde los gobiernos carecen de legitimidad o están al servicio de élites y claques, cuyo objetivo principal ha sido siempre abusar de la bonhomía de República Dominicana.