El presidente del Tribunal Constitucional ha interpretado un consolidado clamor ciudadano de que la Constitución deje de ser un simple documento político y se convierta en norma con valor jurídico y eficacia práctica aplicable como referente obligatorio para las demás reglas jurídicas y actos de los poderes públicos.

En su discurso ante la apertura de la Décima Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara proclamó que los ciudadanos requieren de una Carta Magna viviente que contribuya a fortalecer al Estado social y democrático de derecho en que la paz sea fruto de la justicia.

Tal y como ha señalado el magistrado presidente del TC, la gran tragedia iberoamericana con respecto a la constitución de sus respectivos países es que unas veces es aplicada y otras no, lo que obviamente no ayuda a consolidar el ordenamiento jurídico ni al tejido democrático.
En largo tramo de la aciaga historia político dominicana la Ley Sustantiva ha sido degradada a un simple pedazo de papel, o amoldada a intereses espurios convenientes para legalizar desenfrenos de gobernantes o clanes políticos que han abierto compuertas a la tiranía y a la represión.

El Tribunal Constitucional debería erigirse como el más celoso guardián de la constitucionalidad para que ningún órgano jurisdiccional del Estado o del Gobierno aplique ley, decreto ordenanza o cualquier edito que colisione con el Texto Sustantivo.

Con singular sentido de oportunidad, el magistrado Ray Guevara ha repetido la definición del Tribunal Constitucional que hace el magistrado español Francisco Tomás y Valiente, de que se trata de un órgano jurisdiccional “que sólo habla cuando se le pregunta y cuando le pregunta quién puede hacerlo”, y cuya respuesta consiste en respetar la Constitución.

Para que se tenga una idea de la importancia de esa alta corte, vale recordar su sentencia 168-13 sobre alcance de la nacionalidad dominicana, que se define como el fallo en materia constitucional de mayor trascendencia jurídico político de los últimos 50 años, lo que indica también el altísimo rol que tiene la figura del juez de control constitucional que el Constituyente insertó en la Carta Magna en 2010.

Al ofrecer cálida bienvenida a los magistrados presidentes de tribunales y cortes constitucionales de Iberoamérica, El Nacional formula vehementes votos para que esa conferencia ayude a consolidar el respeto y observancia de la Constitución política del Estado, sostén fundamental del Estado social y democrático de derecho.