Si no quiere ser una modificación más con el sentir anti-histórico del pasado, poblado de accidentes y permeado por el ego personalista, la nueva Constitución, negociada y todo, acordada entre dirigentes, no importa, puede lograr una finalidad plausible.

Hay batallas que no se ganan en un campo de Marte sino en un porvenir idealizado que aún no llega.

Las mejores, las que duran, parten de consensos auténticos que se legitiman en su devenir y en las esencias que transpira su textualidad.

El error de las élites políticas es creer por un momento en la inmutabilidad, como si la política no fuese una cuestión atmosférica y sometida a regulaciones y a desplazamientos temporales.

Sólo el pueblo permanece en su ser y en su evolución constante.

Lo opuesto a una Constitución modificada tomando en cuenta lo generacional es la pérdida de tiempo, de recursos y el sentimiento de que muchas personas emplearon a fondo sus neuronas para nada o peor aún, para producir una criatura banal, sin sentido y llena de huecos sospechosos.

Una nave construida por mentes brillantes que no tiene combustible, es una hermosa pieza de museo que se admira pero que no va a producir ninguna función práctica.

Las constituciones deberían realizarse como si fuesen para la eternidad.

Pero también ésta es modificable, ya que se encuentra atada al discurrir del instante, que es según Platón, su imagen móvil.

Desde los días de Toussaint Louverture, que en 1801 convocó a una Asamblea Constituyente para unificar la isla, hasta la actualidad, las constituciones dominicanas han sido un trabajo de élites políticas, de personalidades y de intereses puntuales y específicos; no la expresión directa e inmediata de la voluntad popular.

Sus modificaciones han procurado yugular problemas coyunturales, no la agenda nacional de largo plazo o las urgencias fundamentales de la nación.

Pero la misión histórica es la de, aparte de organizar al Estado en una carga sustantiva, en un plano de mandato de acción; trazar pautas constitucionales a las personas que ejercen el poder del Estado, es la de organizarlo social y políticamente.

Esa ha sido una de sus grandes debilidades, suficiente para restarles permanencia y una respetabilidad venerable.

El hecho de que en la actual Constitución dominicana, el artículo 55 le otorgue poderes que se juzgan excesivos al presidente de la República, dice ya sobre la naturaleza de ésta. Reúne ésta las características de traje convencional, de molde útil al gobernante de ocasión.

El hábito de modificarla ha llegado a rutina y tedio, porque no se han enfrentado en sus textos ni se lo han propuesto sus modificadores los problemas estructurales dominicanos.

No han colocado tampoco en agenda los sentimientos populares fundamentales.

Hacer a un lado a quien va a ser un protagonista de primer orden, huele a insensatez.

El legislador se ha cuidado de hacer constar en cada Constitución que el poder votante casi siempre lo ejerce el pueblo.

Pero esta mención cardinal se lee como una abstracción, como una obligación venenosa que, sin embargo, no debe omitirse sin pecar de amnésico.

No ha tenido al pueblo como protagonista, no ha nacido cada Constitución nueva sino de una crisis política o de una necesidad en ocasiones sórdida.

La excepción a la regla nace justamente con la del 6 de noviembre de 1844, que muestra el espíritu duartiano en sus líneas equilibradas y en la dirección del principio de justicia.

La Constitución de cada país- y esta es una doctrina de categoría universales la conjunción de reglas cuyos fundamentos pautan la organización y distribución de los del Estado llamados, asimismo, poderes públicos.-

Establecen al mismo tiempo los lineamientos del derecho público del Estado.

Esto la hace impermanente, maleable, plegadiza y disponible a cambios que debe demandar el tiempo, no la inestable urgencia humana.

La marginación del pueblo en una cuestión trascendente como esa y que le compete plenamente, que cumple ocasionalmente con el papel de masa necesaria, como si no tuviera injerencia en estas iniciativas, ha dado en gran medida ocasión para la inorganicidad del que fuera llamado pedazo de papel, no por Joaquín Balaguer cuya autoría original no le pertenece.

Esa condición se le atribuye, en 1862, a Ferdinand Lasalle, y Balaguer, que no era mal lector, probablemente se limitó a citarlo sin darle crèdito.

La reforma constitucional si se logra que tenga dignidad, actualidad y altura, debe incluir desde el calentamiento global que amenaza el clima y con ello la vida de millones de seres, en cuanto habrá de dedicar un capítulo a los problemas ambientales, a la siempre marginada educación, al justo equilibrio de poderes, al fortalecimiento del sistema democrático y a la defensa de la mujer, permanentemente agredida por una monstruosa cultura de muerte.

Asimismo y como previera Saramago en otro contexto, al derecho a disentir, que es medular en las sociedades que quieren abandonar el primitivismo y las luchas clánicas.

Lo que ha permitido la personalización del poder, ha sido la ausencia de claridad, las especificidades y la escasa cultura democrática que asoló el pasado, y cuyas manchas aún oscurecen la realidad actual.

Ya hay cierta madurez tras tanto sacrificio, dudas y violencia instituciona, pero nadie salva ningún proceso del deslizamiento hacia el error.

Algo ajeno

al pueblo

El trabajo de idear, aprobar y luego modificar la Constitución dominicana ha sido reservado para las élites políticas, personalidades e intereses puntuales y específicos, no la expresión directa e inmediata de la voluntad popular.