La escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y la declaración jurada de Patrimonio de los entrantes funcionarios, son dos de las tareas que los dominicanos quisiéramos ver cumplirse en esta gestión de gobierno, porque las mismas representan la confianza y la garantía de la estabilidad y la funcionabilidad del Estado.

Los pasos que ha dado y las medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader, de cara a adecentar la administración pública y colocar el país en la ruta del progreso y bienestar colectivo, a nosotros nos parecen positivos.

Hay que adecuarse a los nuevos tiempos, porque con relación a la JCE y la Cámara de Cuentas es bueno no seguir escuchando a legisladores y a funcionarios públicos referirse a sus miembros como si estos fuesen jueces, dado que al único cuyo reglamento le exige ser profesional del derecho es al presidente del órgano de elecciones, luego los demás son miembros y no importan sin son abogados o no.

En ese sentido escuchamos al director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, municipalita Waldys Taveras, conocedor y expertos en la materia, decir que siente vergüenza ajena cada vez que oye a un diputado, senador o alto dirigente político decir “jueces de la Junta Central Electoral”, dado que el organismo de elecciones lo que tiene son miembros administradores de los procesos electorales, igual que la Cámara de Cuentas que tiene miembros, y no jueces.

La justicia electoral corresponde a los jueces del Tribunal Superior Electoral y la justicia de la administración pública a los jueces de la jurisdicción administrativa.

Esa partir de estas reflexiones que mantenemos nuestras apuestas y aspiraciones a que a ambos organismos, JCE y CC vayan los mejores hombres y mujeres capaces, inteligente y comprometidos solo con los intereses y el futuro de la nación dominicana.

Por. Nélsido Herasme
n.herasme@gmail.com