El embajador de Estados Unidos, James Brewster, ha defendido un autoproclamado derecho a intervenir en asuntos internos dominicanos e instado a quienes censuren ese proceder a devolver el visado para viajar a territorio estadounidense que otorga el consulado de ese país.

Brewster dijo que las fuertes inversiones y las relaciones cercanas entre los dos países le dan ese derecho, por lo que exhortó a quienes critican eso “que vayan a la embajada y nos devuelvan la visa”, en lo que puede interpretarse como un inexplicable gesto de arrogancia y descortesía.

Aquí no se niega que la corrupción sea ya un tumor canceroso, ni que no exista dinero limpio proveniente de dinero sucio, como afirma el diplomático, que olvidó decir que ese mal existe también en Estados Unidos, uno de cuyos lastres, el uso y consumo de drogas, afecta directamente a la economía y a la seguridad de República Dominicana.

El embajador Brewster tiene derecho a defender a los inversionistas de su país en la misma proporción que el Estado y el Gobierno dominicanos se obligan a proveer seguridad jurídica a la inversión extranjera y nativa. Lo que no puede hacer ese enviado es intervenir en asuntos del absoluto fuero soberano de esta nación.

Es verdad, como señala el diplomático, que él y la mayoría de los empresarios conocen de algún caso de sustracción de fondos públicos, soborno o de otorgamiento de contratos privilegiados, pero también se recuerda cómo multinacionales extranjeras explotaron durante decenios recursos mineros, prevalidos de la intervención de poderes imperiales.

El cuerpo diplomático debería saber que este país ha avanzado un significativo trecho en materia de consolidación democrática e institucional, por lo que ya no es necesario, ni se aceptan tampoco viejas prácticas de procónsules de intervenir o imponer designios en procesos electorales, judiciales o frente a las altas cortes.

República Dominicana superó hace tiempo la vergonzosa condición de cuartería bananera regida a control remoto desde la Casa Blanca, por lo que ese lenguaje insultante y amenazador resulta absolutamente inaceptable, porque es además contrario al principio de igualdad y respeto mutuo en las relaciones entre dos Estados.

En cuanto al pedido del embajador Brewster, para que los que no estén de acuerdo con sus designios intervencionistas acudan a la embajada a entregar los visados otorgados, simplemente debe decir los días que serán habilitados para devolver ese documento o para reiterar que la dignidad de los ciudadanos de este país no tiene precio.