Dramáticos testimonios ofrecidos por directores y psicólogos de educación básica alertan a la comunidad educativa sobre flagelos familiares y sociales, tales como abusos sexuales, embarazos en adolescentes, violencia intrafamiliar y drogadicción que trastornan la conducta de alumnos y el desempeño de escuelas públicas. Las aulas reflejan la situación de disfuncionalidad de miles y miles de hogares disfuncionales, al interior de los cuales, niños y adolescentes sufren traumáticas experiencias relacionadas con violencia entre parejas y de padres a hijos, lo que se traduce en ausentismo escolar, trastorno de la conducta y delincuencia precoz.

El personal docente y de orientación afronta un problema grave y complejo común a la mayoría de las escuelas, especialmente las ubicadas en entornos urbanos, matizado por un alto porcentaje de alumnos que se estrena en el consumo de drogas o en la relación sexual o que refleja preocupante conducta asociada con la violencia.

Las directoras de los planteles Fidel Ferrer, Colombia y República Dominicana han socializado sus traumáticas experiencias en el abordaje y tratamiento de una creciente inconducta entre el alumnado, lo que atribuyen a la precariedad del núcleo familiar.
Ese dramático cuadro se refleja también en el entorno de la familia y la escuela, que ha sido virtualmente secuestrado por antivalores tales como el narcotráfico, criminalidad, prostitución, drogadicción y alcoholismo, así como por elevadas tasas de desempleo y marginalidad.

Es claro, pues, que la precariedad del entorno familiar y barrial atenta contra la estabilidad de la escuela, por lo que se precisa de la articulación de políticas públicas que impacten sobre el hogar y la comunidad, porque el aula por sí sola no puede afrontar ese drama.
A la par con el ausentismo escolar crece la delincuencia, los embarazos en adolescentes, el consumo de drogas y alcohol entre menores, la prostitución infantil, los abusos sexuales y, obviamente, la desintegración familiar.

Ante una situación tan compleja y pesarosa que se refleja en violencia y deserción escolar, es imperativo que Gobierno, comunidad educativa, Ministerio Público e instituciones de la sociedad civil protejan y defiendan la escuela pública como niñas de propios ojos, en el entendido de que se preserva el futuro de la sociedad dominicana.