Fotografía de bóvedas en el cementerio de Fragneau-Ville en Delmas 75, el 1 de agosto de 2025 en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Mentor David Lorens
Puerto Príncipe.- Los haitianos en medio del luto se debaten entre el dolor, la resistencia y las negociaciones con criminales. Desde 2024, cementerios históricos han sido tomados por bandas que extorsionan a los dolientes y las familias ya no pueden enterrar a sus muertos sin pagar un precio altísimo.
“Estamos asistiendo a una transformación radical del duelo haitiano. Las prácticas colectivas que daban sentido a la muerte han sido desmanteladas por la lógica del miedo y la extorsión. Es la muerte de la muerte,” advierte Jean Wilner Jacques, doctor en antropología y experto en cultura funeraria caribeña.
A solo unos metros de la Avenida Jean-Jacques Dessalines, en el corazón de Puerto Príncipe, la vida se ha esfumado de la Rue de l’Enterrement, el tradicional epicentro de los servicios funerarios, según testimonios recogidos desde hace meses en la zona.
Las puertas metálicas de las funerarias están cerradas, los “corbillards” (autos fúnebres) ya no circulan, y el silencio es interrumpido solo por el paso ocasional de una ambulancia que se esconde en callejuelas vecinas para evitar miradas criminales.
“Desde febrero de 2024 no hemos podido trabajar. Los ataques armados destruyeron nuestras oficinas”, cuenta el responsable de una funeraria en la calle Fleury Battier.
Para los entierros, las funerarias deben contactar con el grupo armado que controla el cementerio si se quiere evitar un incidente el día del funeral. Es el caso del Gran Cementerio de Puerto Príncipe, fundado hace más de 250 años, y hoy bajo el dominio de las bandas.
“La municipalidad ya no cobra tasas. Todo se paga a los grupos armados. Hasta 2.000 gourdes (15 dólares) solo por entrar con el cuerpo”, asegura el mismo responsable de la funeraria que no da su nombre por temor.
Los rituales tradicionales, la música y los familiares en procesión han desaparecido– “Solo dos personas pueden acompañar el ataúd. Todo lo demás es demasiado peligroso”, agrega. “Pagamos por enterrar»- historias de dolor Mireille, una mujer de 52 años, cuenta con voz baja la historia de su madre fallecida en enero de 2025, por cuyo entierro tuvieron que pagar 50.000 gourdes (318 dólares).”
Las bandas no solo controlan los cementerios, también han impuesto peajes ilegales en las rutas de acceso que por los que se pueden llegar a pagar 15.000 gourdes (114 dólares) para pasarlos.
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La socióloga Erika Louvert, experta en dinámicas urbanas de la región, sostiene que esta situación “no solo es una expresión del colapso del Estado, también redefine la forma en que las familias se relacionan con sus muertos. El duelo se ha vuelto clandestino”.
Cuerpos abandonados: sin luz, sin pago, sin descanso
El deterioro del sistema funerario también se refleja en las morgues donde cientos de cuerpos permanecen en espera de sepultura.
En muchos casos, no hay familiares que los reclamen, ya sea por desplazamiento forzado o por falta de recursos. La descomposición avanza rápidamente por los cortes constantes de electricidad.
“Sin refrigeración, los cuerpos empiezan a pudrirse en cuestión de horas. No damos abasto”, relata Joseph Bernard, dueño de una funeraria en Croix-des-Bouquets. “Hay cadáveres aquí desde hace más de tres meses. Nadie viene a buscarlos porque no pueden pagar ni el ataúd”.
Las funerarias han improvisado depósitos en garajes o contenedores, y muchas veces solo cubren los cuerpos con mantas térmicas de emergencia. La falta de condiciones mínimas también representa un riesgo sanitario.
Médicos locales advierten del peligro de brotes infecciosos si no se gestionan adecuadamente los cuerpos sin sepultura.
Desde diciembre de 2024, el número de ataques perpetrados contra la población civil ha aumentado en un 24%.
La violencia que hasta ahora parecía circunscrita a la capital, Puerto Príncipe, se ha extendido a otros departamentos, como Centro y Artibonite, convirtiéndose en un fenómeno transversal a todo el país. Sin ir más lejos, solo en el departamento del norte la cifra de desplazados internos ha aumentado un 80%.
A ello ha de sumarse la absoluta carestía de servicios básicos, entre los cuales se incluye la asistencia sanitaria, la educación o el acceso al agua potable. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ha registrado en la primera mitad de este año un total de 4.026 asesinatos.
Además, el número de desplazados por la violencia de las bandas criminales alcanza ya los 1,3 millones, una cifra que sextuplica la de 2022, según datos de la Organización de Internacional para las Migraciones.
