Al margen del revuelo que se generó con una reforma fiscal mal estructurada y mal presentada, el proyecto consolidó la imagen del presidente Luis Abinader como gobernante responsable, que privilegia los intereses nacionales por encima de ambiciones personales. Desde 2012, cuando la pieza se consignó como uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ningún gobernante, por miedo a las consecuencias, se atrevió a implementarla, aunque la clase política y los sectores empresariales la consideraban necesaria para sustentar el crecimiento económico.

El proyecto propuesto tenía muchos flancos débiles, amén de lo doloroso que resultaba cargar a la población con más impuestos sin que se hayan investigado a fondo ni producido una sola sentencia sobre los grandes escándalos de corrupción que todavía permanecen impunes. Pero también que los estrategas, a quienes no parece importarles la suerte de las mayorías, incurrieran en la torpeza política de unificar en un frente común a los grupos de poder y a los sectores populares al aumentarles los impuestos y eliminarles las exenciones a unos y gravar los alimentos a otros.

Y peor todavía al no asumirse demandas que serían aplaudidas por la población, como la reducción del subsidio a los partidos políticos, la eliminación no solo de las exoneraciones de vehículos, sino de privilegios como el barrilito de los senadores, la disminución al mínimo de los representantes ante el Parlacén y otras decisiones con las cuales ahorraría más recursos que mutilando empleítos de subsistencia, que pueden verse hasta como parte del gasto social.

Con todo y todo y que con el proyecto de modernización fiscal hizo gala de responsabilidad al entender que era hora de mirar el futuro, sin importarle el costo político del presente, ya el mandatario había dado una encomiable demostración como estadista al sustentar que la estabilidad, la institucionalidad y el bienestar son prioritarios, al impulsar la modificación de la Constitución para petrificar la reelección, controlar el derroche de las elecciones por medio de la unificación; dar más independencia al Ministerio Público y reducir la matrícula de los diputados, medidas con las que personalmente no obtiene ninguna remuneración política.

Aunque ni siquiera las amnistías fiscales son simpáticas, y muchos menos la creación de nuevos impuestos y la supresión de subsidios, sean o no necesarios, la verdad es que antes de presentarse, no se sabe si como globo de ensayo, el controversial proyecto tenía que discutirse con los grupos empresariales y otros sectores para evitar el ruido que, con razón se levantó.