Organismos internacionales reanudan la campaña de denuncias, censuras o recriminaciones contra República Dominicana por ejercer su derecho soberano de regularizar la presencia en su territorio de inmigrantes indocumentados y controlar el flujo migratorio.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con sede en Ginebra, ha instado al Gobierno dominicano a no deportar a los que define como “ciudadanos apátridas”, unas 200 mil personas que esa agencia dice que no se consideran de nacionalidad haitiana.

Se pretende retomar el infame expediente sobre la desnacionalización en que incurriría el Estado en perjuicio de dominicanos de ascendencia haitiana, a pesar del estricto cumplimiento de la sentencia 13-68 del Tribunal Constitucional que ordenó al Registro Civil acoger como buenas y válidas inscripciones irregulares, aunque no así las fraudulentas.

La oficina local del Acnur reconoció que el Gobierno cumple con la sentencia del TC, la ley y el decreto reglamento que instituyeron el Plan Nacional de Regulación Migratoria, por lo que resulta injusto que se intente ahora vetar la fase relacionada con las repatriaciones de quienes no se acogieron a esa dispensa.

Carece de asidero la preocupación del Alto Comisionado para los Refugiados, sobre la posibilidad de que sean deportadas unas 200 mil personas que no contarían con la nacionalidad haitiana, carece de asidero, porque esa cifra es irreal y porque tal aseveración constituye una infamia.

Resulta válida la solicitud del Acnur para que se ofrezcan mayores facilidades a los indocumentados inscritos en el Plan de Regulación Migratoria que aún no completan los documentos requeridos, pero es menester que ese pedido se extienda hasta las autoridades haitianas que poco o nada han hecho para asistir a sus nacionales sin papeles.

El Gobierno ha cumplido al pie de la letra con la sentencia del Tribunal Constitucional, para lo cual ha erogado más de mil 200 millones de pesos en la ejecución de ese programa de regularización migratoria que tuvo vigencia por 18 meses.

A lo que se aspira es a que se asuma un real y efectivo control migratorio, sustentado en el respeto a los derechos de los inmigrantes y a la solidaridad con Haití, pero sin renunciar el Estado ejercer y sustentar el sagrado principio de soberanía y autodeterminación.