El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, advirtió que la Inteligencia Artificial pondría en riesgo la legitimidad de la justicia, si no hay una regulación, ya que, a través de sistemas, se podría emitir decisiones con fundamento normativo y doctrinal, limitando el rol del juez.

“Ahora bien, si no existen marcos claros para todos estos escenarios de interacción, el riesgo es que la función jurisdiccional se diluya o pierda legitimidad. Algo inaceptable en un sistema democrático”, planteó el presidente del Poder Judicial.

Sostiene que frente a estos escenarios, la prioridad no debe ser especular con fechas ni disputar sobre el grado de realismo técnico.

“La prioridad es asumir que estas posibilidades ya están en discusión en el mundo tecnológico y que, independientemente de su cronograma exacto, es urgente desarrollar la capacidad normativa y política para gobernarlas. El desafío está en ampliar estos usos con principios claros, gobernanza robusta y visión de futuro”, afirma, el magistrado un una información publicada en su blog oficial, bajo el título de “IA en desarrollo acelerado y justicia: entre la eficiencia automatizada y la garantía del derecho”.

Igualdad

Consideró que si el Estado no garantiza Inteligencia Artificial pública accesible se producirá una inequidad con el uso de esa herramienta, comprometiendo la desigualdad procesal, lo que contradice el principio constitucional que consigna la igualdad ante la ley.

En ese tenor, el magistrado señala que otro aspecto que será impactado tiene que ver con la democratización de herramientas jurídicas avanzadas que serían posibles a partir del lanzamiento de Agent-3-mini.

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“Estas IA permitirían a cualquier persona redactar documentos legales, calcular probabilidades de éxito procesal o impugnar decisiones judiciales con una asistencia técnica superior a la de muchos profesionales”, destacó.

Ante esa situación, Molina sostiene que eso implica un dilema de equidad: “quienes acceden a estas herramientas tendrán una ventaja procesal sustantiva frente a quienes no cuentan con ellas. Si el Poder Judicial no proporciona servicios de IA pública accesibles, el acceso a la justicia podría volverse más desigual”.

Señaló que con la aceleración que lleva IA, una de las áreas impactadas podría ser la automatización de la redacción de sentencias.

Señaló que en pocos años habrá sistemas capaces de producir decisiones judiciales completas, con fundamentos normativos, análisis doctrinal, evaluación, en tiempos y con precisión inalcanzables para un humano.

“En este punto, el rol del juez se transforma de nuevo, solo como ejercicio de prospectiva, ya no es quien redacta, sino quien valida, ajusta y supervisa lo que la IA ya ha facilitado”, explica el representante del Poder Judicial.

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Añadió que otro caso de adaptabilidad es la aparición de asistentes legales autónomos que cumplen funciones comparables a las de un fiscal o un defensor público.

“Estos sistemas aprenden en tiempo real, ajustan su razonamiento y mantienen un comportamiento éticamente aceptable mediante sistemas de auto-monitoreo. Desde el punto de vista institucional, la pregunta no es solo si esto es posible, sino si el sistema está preparado para definir hasta dónde llega la delegación, cómo se fiscaliza el uso de estos agentes y cómo se protege el debido proceso frente a errores o sesgos. Aquí conectamos con el concepto de I-Justicia, que puede orientar esta transición. No se trata solo de digitalizar procesos o acelerar trámites, sino de construir una justicia que incorpore la inteligencia artificial desde la soberanía institucional, la ética pública y el compromiso con la dignidad humana».