El protocolo de salud aprobado por la Junta Central Electoral (JCE) para las elecciones del 5 de julio está causando ampollas en la oposición y la sociedad civil.

La JCE ha vuelto sobre sus pasos a violar el procedimiento de información previa a los ciudadanos y a los partidos políticos para la adopción de normas reglamentarias de acuerdo a la Ley 107-13, de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración.

Con una simple reunión de representantes de los partidos, el órgano electoral no suple el mandato del artículo 31 de la referida ley que prevé que, “el procedimiento de elaboración del proyecto ha de servir para obtener y para procesar toda la información necesaria a fin de garantizar el acierto del texto reglamentario…”.

Esto lo que quiere decir es que, el texto reglamentario debió ser puesto a disposición de los partidos políticos y de los ciudadanos antes de su aprobación y publicación.
La ley es clara cuando establece que las alegaciones realizadas por los ciudadanos serán tenidas en cuenta para hallar la mejor solución posible al reglamento.

El mismo artículo 31 es enfático al subrayar que, la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones (partidos) que les representen, se ha de producir en todo caso antes de la aprobación definitiva del texto reglamentario.

Dicha audiencia no puede devenir en una simulación o un diálogo de sordos, sino que debe ser “real y efectiva” y contemplar un plazo razonable y suficiente para las alegaciones de las partes.

El tema de la salud es el más importante para asegurar la concurrencia de los ciudadanos a las elecciones. En su resolución 53-20, la JCE debió conformar una comisión institucional de Epidemiología, compuesta por especialistas de esa disciplina, los partidos políticos y la sociedad civil.

Así el órgano electoral hubiese ponderado los planteamientos de instituciones internacionales que han trabajado en protocolos sobre Covid-19 y elecciones, como el IFES o el Instituto Ideas, que dirige el politólogo Daniel Zovatto.

¿Por qué la JCE se empecina en hacer caso omiso a las sugerencias que plantean un estándar más alto de protección ciudadana para incentivar a los votantes?
En esta ocasión la JCE no sólo ha dado de lado al procedimiento administrativo, sino que desaprovecha la oportunidad de recoger las ideas de terceros para disipar los temores del electorado que debe concurrir a las elecciones del 5 de julio en medio de una pandemia del Covid-19, que ya ha cobrado un saldo fatal de casi 500 víctimas.

El protocolo de salud de la JCE no da respuesta a los temores ciudadanos, pues la mayor parte de su texto normativo está dirigida al funcionariado y al personal de los colegios electorales.

POR. Namphi Rodríguez
namphirodriguez@gmail.com