La Ley 379-81 es muy explícita en lo que respecta a la incompatibilidad de pensión y salario de empleados públicos. Pero por esa ominosa tradición que ha caracterizado la Administración Pública de dejar pasar y dejar hacer, sin medirse la corrosión al sistema institucional, la legislación ha sido violada olímpicamente. Que no sea todo lo justa que las circunstancias ameritan ya es otra cosa. Pero, hasta que no sea modificada, hay que cumplirla.

El ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, podrá ser un funcionario conflictivo y hasta con poca visión para el desarrollo del deporte. Pero no se le puede satanizar por regirse conforme a las leyes. Peor sería que por amiguismo, clientelismo político o alguna otra razón se hiciera de la vista gorda, como suele ocurrir, frente a cualquier tipo de violación de las normas establecidas.

En el caso de los deportistas que han sido pensionados como inmortales o Viejas Glorias del Deporte Dominicano, el funcionario todavía ha actuado con mucha ecuanimidad en cuanto a la aplicación. Antes de proceder, Fernández Mirabal ha tenido la gentileza de articiparles que la ley prohíbe la dualidad de ser empleado y pensionado y que por lo tanto deben decidirse por una de las dos categorías.

La medida no ha caído bien a los afectados, que a lo mejor hasta desconocían que una ley prohíbe recibir a la vez un salario y una pensión del Estado. En una comunicación a cada uno de los deportistas que se encuentran en la referida situación, el funcionario les indica que tienen la alternativa de renunciar a la pensión o al salario para evitar violaciones de las leyes. Pero la decisión debe ser tomada antes del 10 de enero próximo.

Puede ser, como han alegado algunos de los afectados, que la decisión repercuta negativamente en el deporte, sobre todo porque hay quienes son entrenadores de atletas de alto rendimiento. Explorar alguna fórmula para no perjudicar ninguna actividad sería lo más propicio, pero sin ignorar que la ley es dura, pero es la ley. Pero tampoco que la Ley 85-99 fue concebida para evitar que una gloria o inmortal del deporte viviera en la indigencia.

Es posible que con su decisión, el ministro de Deportes haya destapado una caja de Pandora que contribuya al saneamiento de la nómina pública, por lo menos en lo que respecta a pensionados que también son empleados, como a los casos de personas que cobran en diferentes entidades, en violación de la Ley de Función Pública. Por esa vía el Gobierno podría ahorrarse muchos millones de pesos que servirían para obras sociales. Sus relaciones con el olimpismo y el movimiento deportivo son harina de otro costal.