A pesar de los muchos oleajes de reformas a la Justicia, Policía y Ministerio Público, la sociedad dominicana todavía hoy adolece de una férrea triangulación institucional que garantice prevención, persecución y castigo al crimen y al delito.

La Policía ha recibido los mayores reproches por no poder contener el estado de criminalidad e inseguridad, y al Orden Judicial se le atribuye venalidad o impunidad cada vez que se producen desistimientos de expedientes penales relacionados con asesinato, atraco, robo, sicariato, narcotráfico o peculado.

El Ministerio Público luce inmune a esas quejas y críticas, quizás porque ha sido proactivo en un discurso etéreo o sesgado que promueve la lucha contra la corrupción, pero parece llegado el momento de que también sea colocado bajo la lupa ciudadana.

El escándalo desatado con el supuesto robo de un cargamento de drogas por fiscales y policías afecta la imagen del Ministerio Público porque dos de sus representantes figuran en el acta de acusación, quienes, en términos técnicos, fungían como jefes de la investigación en torno a la localización de ese alijo.

Las primeras noticias de ese caso se recibieron en la Policía días antes de Nochebuena, cuando el jefe de esa institución, Manuel Castro Castillo, solicitó al procurador general, Francisco Domínguez Brito, la incorporación a las investigaciones de procuradores adjuntos.

Durante los primeros días de indagaciones, algunos policías implicados admitieron su participación en los hechos y devolvieron dinero y valores, productos de la venta de esa droga, pero extrañamente la investigación fue pospuesta hasta después del Día de Reyes. ¿Por qué?

A causa de esa posposición, el abordaje de ese caso tomó un giro de precipitación, tanto en las pesquisas como en la redacción de las actas de acusación, al punto que la jueza instructora dispuso la libertad pura y simple de uno de los implicados porque se venció el plazo constitucional de las 48 horas para su remisión a la justicia.

Por la mención de fiscales en casos de sustracción y venta de drogas, y en cobro de peaje por narcotráfico, el procurador general está compelido a revisar los sistemas de controles internos del Ministerio Público, por aquello de la mujer del César. Conviene que policías, jueces y fiscales laven sus uniformes y togas con cloro.