El jefe de la Policía ha advertido a la sociedad dominicana que la institución encargada de garantizar el orden, las propiedades públicas y privadas, así como servir de auxiliar de la justicia, acusa un atraso de 80 años, por lo que requiere de un nuevo modelo de gestión que la convierta en ente previsor y proactivo.

Al admitir que desde su fundación el ente policial aplica los mismos métodos tradicionales, represivos y reactivos para combatir el delito y la criminalidad, el mayor general Manuel Castro Castillo ha planteado la necesidad de dejar atrás la Policía en la que no se puede confiar.

Es mucho lo que se ha hablado y escrito en torno a una necesaria reforma policial, pero a decir verdad, todo se queda en buenas intenciones, sin que el cuerpo del orden haya podido dar el deseado gran salto hacia adelante.

El Foro Internacional sobre Reforma Policial, auspiciado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud)) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), ha servido para que Gobierno y sociedad dirijan su atención hacia una institución que bien puede ser definida como la cenicienta.

Se requiere el concurso de todos los sectores sociales en la dirección de impulsar la creación una reforma policial sustentada en nuevos paradigmas de gestión que generen respeto y confianza de las comunidades, o como señala el general Castro Castillo, “crear una policía de proximidad y de resultados proactivos”.

Alienta las seguridades ofrecidas por el titular policial, de que al interior de la institución no se hace resistencia al cambio, porque las expectativas ciudadanas abarcan una reforma profunda e integral que arroje como resultado la creación de una nueva entidad basada en la modernidad, tecnicismo y transparencia.

Todo intento de reforma policial debe comenzar con una readecuación salarial directamente proporcional a los requerimientos de dignificación y debido entrenamiento de su personal, porque no sería posible erigir una policía de proximidad, preventiva y proactiva sobre salarios de miseria.

Es por eso que se sugiere que la anhelada reforma policial sea impulsada a través de una gran concertación social que abarque el tema de la fiscalidad como sostén de los recursos que requeriría la nueva institución, así como la garantía de que su ley orgánica no será infectada por tipos de privilegios o discrimen. A la sociedad corresponde construir y costear la nueva Policía Nacional.