Luis Pérez Casanova
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Con todos los cabos sueltos en la auditoría de la OEA al sistema de voto automatizado de la Junta Central Electoral (JCE) la conclusión no es otra que con la “investigación” no se procuraba dilucidar todos los elementos del conflicto, sino evitar una crisis política de impredecibles consecuencias.

Al anticipar que los técnicos del organismo no eran ni jueces ni fiscales ya podía intuirse el desenlace de una pesquisa que se limitó a atribuir a “mala gestión” del departamento de informática del tribunal los problemas que surgieron con los equipos desde el día antes de su instalación en los centros de votación.

De haberse profundizado más en la investigación se hubiera sabido por qué el software carecía de los mecanismos de control e integridad capaces de detectar cualquier problema en el proceso de descarga de las boletas electrónicas. Pero la OEA se limitó a explicar que se trató de un mal diseño y a señalar que no encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude en las irregularidades presentadas por equipos que costaron más de 3,000 millones de pesos.

Se presta a conjeturas la afirmación del organismo en el sentido de que la ausencia de controles de calidad, previo a la distribución de las urnas, no permitió que los técnicos tomaran conciencia del problema. Esos inconvenientes, para colmo, los desconocían tanto los propios miembros de la JCE como los observadores.

Las conclusiones de la OEA distan mucho de la acción de la Policía en torno a la falla que motivó la suspensión del proceso. El director Ney Aldrín Bautista Almonte había declarado en una rueda de prensa que contra el técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, y el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, de la seguridad del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, se tenían indicios de que conocían el supuesto boicot al sistema de voto automatizado.

Un detalle imposible de obviar es que según Bautista Almonte sus investigaciones eran independientes de las realizadas por el tribunal electoral. Esos supuestos vínculos jamás se dilucidaron.

Una atmósfera tan explosiva, caldeada todavía más por una masa de jóvenes que tomaron las calles en demanda de justicia, había que desactivarla cuanto antes para evitar peores consecuencias. Tal vez como condición de la OEA para efectuar la auditoría se procedió a libertar sin cargo al técnico de Claro y al escolta de Abinader.

Pero la pesquisa no hizo más que evidenciar la fragilidad del sistema institucional, habida cuenta de que los reales motivos de la incompetencia o negligencia en el voto automatizado no se conocen ni se van a conocer, al menor por ahora. Pero tampoco los alegados indicios de la Policía para asumir una actitud a todas luces politizada.