Tras el estudio del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que daba cuenta de la corrupción y el desorden entre las distintas causas de la ineficiencia de la Policía, el presidente Luis Abinader conocía de antemano la urgencia de una reforma para modernizar y profesionalizar el cuerpo, a fin de que cumpla su misión como garante del orden publico y de la seguridad ciudadana.
Lo que tal vez desconocía el mandatario era la profundidad de los males y la magnitud de un proceso que pasaba no solo por una reestructuración administrativa, sino, como ha expuesto con bastante lucidez el comisionado Luis Ernesto García, por una transformación en la mentalidad de los agentes a través de un riguroso entrenamiento.
García reconoció que uno de los principales problemas que enfrenta el proceso de transformación de la Policía es la falta de preparación de los instructores, así como la gestión e incorporación del recurso humano. Como en las escuelas y universidades, la educación recaía en agentes sin criterios pedagógicos, seleccionados a discreción por la dirección de Recursos Humanos del cuerpo.
Con una formación que se reducía a un formulismo para llenar requisitos no podía esperarse que los egresados, como ocurre en universidades y centros educativos, tuvieran la conciencia, los conocimientos y las habilidades para sus responsabilidades con la sociedad.
La mano dura, que se resiste a ceder frente a los derechos humanos y que tiene en los desacreditados intercambios de disparos uno de sus principales exponentes, es la cultura que ha prevalecido en la Policía. Como se ha visto, a cualquier Juan del pueblo víctima de un atropello se le instrumenta un expediente para justificar la acción de agentes, quienes, salvo excepciones, intervienen como si gozaran de una licencia que torna impunes sus abusos.
Transformar a la vieja Policía era una necesidad, pero también una tarea demasiado escabrosa. Erradicar mañas y costumbres arraigadas de generación en generación y, más complejo aún, apartar a esos altos oficiales, que tanto se oponen a la reforma, formados en el pasado, no es un simple desafío.
Esa estructura explica que, según el comisionado, de 43,124 agentes activos que tiene la Policía solo unos 17 mil están asignados a labores preventivas como patrullaje y seguridad comunitaria. El resto, incluidos los miembros de la Digesett y de la Politur, cumplen funciones administrativas.
Tal era la imagen de la Policía, que la gente solía decir que temía más a una patrulla que al asaltante callejero. Gracias que Abinader emprendió con seriedad la transformación y profesionalización de la Policía como una necesidad para erradicar la corrupción y garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.